Loyda Peña 
El Ministerio Público concluyó ayer la presentación de la glosa procesal contra los siete imputados en el caso Odebrecht, y solicitó al juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, dictar Auto de Apertura a Juicio contra el grupo, mantenerle las medidas de coerción, e imponer las mismas al último de los encartados, Jesús (Chú) Vásquez.
También le pidió mantener la inmovilización de fondos al grupo integrado por Angel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Vásquez, por ser la única garantía para que los imputados no distraigan los fondos retenidos en relación a los hechos graves por los que se les acusa.
Solicitó además ordenar la inscripción de hipoteca judicial sobre los inmuebles de cada uno de ellos, debidamente identificados e individualizados en la acusación, a los fines de garantizar el pago de las multas imponibles y la posible confiscación de los mismos a favor del Estado Dominicano.
Asimismo, le pidió intimarlos a todos para que en un plazo común de cinco días comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar donde desean ser notificados.
Coerción a Chú. El MP solicitó imponerle una garantía económica de RD$20 millones, impedimento de salida del país sin autorización, y la obligación de presentarse periódicamente ante el MP, a los fines de evitar que se sustraiga del proceso penal que se le sigue.
Pidió además que se le inmovilicen provisionalmente sus cuentas bancarias, certificados financieros y valores registrados en el sistema financiero nacional.
En sus conclusiones, previamente motivadas por el procurador fiscal Wilson Camacho, el MP pidió al tribunal acoger en su totalidad la acusación formulada y las pruebas presentadas en contra de los encartados, “por aceptar sumas de dinero de soborno, enriquecerse ilícitamente, apropiarse de dinero y adquirir fondos producto de la infracción grave del soborno”.
Tipificación penal. Las acciones penales atribuidas por el MP a los acusados de supuestamente beneficiarse con los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht en la República Dominicana, están tipificadas en los artículos 2 de la Ley número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; 2 y 7 de la Ley número 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio; 145, 146, 166, 167, 175, 177, 178, 265 y 266, del Código Penal Dominicano sobre Falsedad, prevaricación, delito de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, soborno o cohecho de funcionarios y asociación de malhechores.
También en los artículos 3, letras a), b) y c), 4 y 8, letra b); 18 y 21, letra b), y 26, de la Ley número 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves, todo en perjuicio del Estado Dominicano, de acuerdo con la acusación.
En el caso específico de los sobornos, la participación de los siete encartados en las obras asignadas a Odebrecht es como sigue:
Rondón. El MP lo sindica como el organizador de la estructura para el pago de los US92 millones de sobornos entre los demás imputados.
Díaz Rúa. El exministro de Obras Públicas y exdirector del INAPA aceptó sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos de construcción y ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Carretera Casabito, Corredor Duarte, Carretera El Río Jarabacoa; y Autopista del Coral. Por la que habría recibido US6,629,080.00, según el MP.
Pittaluga. Este abogado habría servido como testaferro a Díaz Rúa en la Autopista del Coral. Para eso, según el MP, suscribió un contrato simulado de prestación de servicios de Asesoría a Odebrecht, por lo que cobró 1.25% del total del valor de la obra. Además creó un circuito de lavado que incluye la compañía Newport Consulting LTD.
Galán. Como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, habría gestionado el voto favorable en dicha comisión para la aprobación de préstamos de financiamientos para las hidroeléctricas Pinalito y Palomino; Autopista del Coral, Corredor Duarte I y II; las carreteras Casabito, El Río Jarabacoa y Bávaro-Miches-Sabana de la Mar; y los acueductos Hermanas Mirabal y el de Samaná.
Bautista. El expresidente del Senado habría sido “clave” para la aprobación en la Cámara Alta, de financiamientos para obras ejecutadas por Odebrecht, incluido el Acueducto de la Línea Noroeste y la Hdroeléctrica Palominos.
Rodríguez. Al exdirector del INAPA se le atribuye conceder a Odebrecht el primer contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste.
Vásquez. Al exsenador se le acusa de recibir dádivas provenientes de Odebrecht, a cambio de efectuar gestiones e influir en la aprobación de préstamos para el financiamiento de la Hidroeléctrica de Pinalito.
Rèplica imputados inicia lunes. El magistrado Ortega fijó para el próximo lunes 11, a las 9:00 de la mañana, el inicio del contradictorio. En esta parte de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, tocará el primer turno para responder al MP, a Bautista,
Para hacer sus respectivas réplicas, cada uno de los imputados tendrá un plazo de cinco días.
Los turnos se irán tomando por orden alfabético de apellido, de acuerdo con el calendario acordado por las partes, por lo que el segundo será Díaz Rúa.
Chú Vásquez dice en su caso hay abuso de poder
El expresidente del senado, Jesús (Chú) Vásquez, defendió ayer su patrimonio familiar, afirmando que todo lo que posee es fruto de actividades agropecuarias que desarrolla.
Dijo que los productos financieros por un monto de RD$98,473,942.58 que el MP dice son fruto de ílicitos, no es una cuenta personal sino de familia.
“Todo lo que nosotros tenemos yo lo puse en mi declaración jurada de bienes, nada hay oculto en ella; no tenemos empresas ni compañías, todo lo que tenemos lo hemos hecho de manera personal fajados durante 34 años en el núcleo familiar”, dijo Vásquez ante la lectura de la glosa procesal que de él, hizo ayer el MP.
Indicó que el MP tuvo tiempo para pedir a la Dirección General de Impuestos Internos una valoración de los inmuebles adquiridos por él, los cuales están valorados en el expediente por RD$ 14.7 millones.
Con relación a la solicitud de medida de coerción, Vásquez dijo que esa es una demostración más del “abuso de poder”, y que demostrará en los 5 días que tendrá para réplica, que todo lo que se ha hecho en su caso “es una persecución puntual”.
Pittaluga pide excluir pruebas no están en acusación
El abogado Conrado Pittaluga solicitó ayer al juez de la instrucción especial excluir de la acusación del Ministerio Público una serie de pruebas enunciadas como provenientes de la cooperación internacional, alegando que las mismas no estaban en el expediente acusatorio, según una certificación de la secretaria de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Se trata de 15 comunicaciones que se encuentra enumeradas desde la página 507 hasta la 509, incluyen comunicaciones del fiscal y ministro de Interior de Barbados; del fiscal y Ministro de Asuntos Legales de la mancomunidad de Las Bahamas; del fiscal general de los estados Unidos del departamento de Justicia; del fiscal general de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; del de las Islas Vírgenes Británicas; de autoridades judiciales de Antigua y Barbuda; de Panamá, de Brasil, Viena, y Asturias, entre otros.
A esa objeción se adhirieron los demás imputados, pero el juez Francisco Ortega la rechazó argumentando que el momento procesal no era para eso, y que tomaría anotaciones para cuando a ellos les toque hacer su réplica.
Esas decisión del juez fue objeto de oposición, pero el magistrado Ortega la ratificó.
Galán: acusación contra él es “merengue sin letra”
El senador Tommy Galán calificó ayer la acusación del Ministerio Público en su contra como un “merengue sin letras”.
Refirió que en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta le tocó trabajar 123 contratos de financiamientos con organismos multilaterales, laterales, emisión de bonos globales, locales, y letras del Tesoro, por un monto de US37,612 millones, todos por el orden de apoyo presupuestario.
Dijo que todos esos financiamientos consignados en las respectivas leyes de presupuesto general de la nación de cada año, fueron trabajados de la misma manera, con los mismos procedimientos y plazos “a excepción de casos particulares que las que ellos prefieren, diferencia, celeridad”.
Indicó que de 6 pruebas testimoniales presentadas en su contra, cuatro corresponden a peritajes realizados por empleados de la Procuraduría General. Agregó que las dos restantes corresponden a testimonios de su cuñada y de su hermano, e indicó que “hubiesen bastado simplemente 20 minutos para él poder explicar el origen de los fondos que el MP le atribuye haber adquirido ilícitamente”, pero no fueron llamados ni interrogados.
