La Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (Ley 33-18), que tantos años tardó para ser promulgada, cuando están al cumplirseuna serie de plazos fatales para las organizaciones políticas, está sometida al debate del financiamiento de los costos de las primarias simultaneas, además hay varios recursos de inconstitucionalidad pendientes de fallo por parte del Tribunal Constitucional que podrían modificar aspectos de forma y fondo de esta ley.
La Ley 33-18 es bien clara en su Artículo 47, cuando establece: “Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independiente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.
No hay dudas, son los partidos interesados en participar en las primarias simultaneas, sean estas abiertas o cerradas, quienes deben financiar el costo de ellas, sin embargo el pleno de la JCE acordó con los partidos participantes en asumir RD$1,249 millones y los partidos la suma de RD$200 millones, pero resulta que los miembros de la JCE cuando tomaron esa decisión estaban contestes de que el organismo no contaba con esos recursos.
Inmediatamente una serie de organizaciones rechazaron la posibilidad de que el financiamiento salga de la Ley de Presupuesto del Estado para este 2019 y la tónica la ofreció el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien señaló que no había partidas contempladas en el presupuesto, salvo que se modifique la Ley 33-18. El ministro, sin ser abogado, captó que el artículo 47 de la Ley de Partidos era meridianamente claro en cuanto a quienes le tocaba pagar el costo de las primarias simultáneas. ¿Cómo los miembros de la JCE, compuesta por varios abogados eminentes, obviaron ese artículo de la ley cuando el mismo Castaños Guzmán de manera reiterada antes de la aprobación insistió en el costo?
El asunto se complicó más cuando el pleno de la JCE y los cinco partidos políticos que participarán en las primarias simultaneas acordaron acudir al Gobierno para que aporte esos recursos, lo cual en caso de materializarse, violaría el Art. 47 de la Ley de Primarias y serían responsables el Gobierno, la JCE y los partidos participantes. No hay otra vía o los partidos cargan con el costo de su invento o los legisladores modifican la ley para sacar los recursos del presupuesto y esto recibiría el rechazo generalizado de la ciudadanía.
Aparte de este gazapo, la ley contiene una cantidad de artículos que aparentemente violan preceptos constitucionales y no es accidental que fundaciones y personas individuales hayan sometido recursos de inconstitucionalidad y que los miembros del Tribunal Constitucional, como señaló recientemente el Presidente Milton Ray Guevara, están contestes de la importancia de un fallo lo antes posible en vista de que comenzaran a cumplirse los plazos de una serie de acciones de los partidos con miras a las primarias simultáneas a celebrarse el 6 de octubre de este año.
Tras veinte años de debates y de intentos de dotar al país de una ley de partidos para establecer reglas de juego y una mejor democracia interna, resulta que los legisladores aprobaron finalmente una ley imperfecta, con vicios de inconstitucionalidad y con un Artículo 47 que ellos mismos sabían los partidos no contaban con esos recursos, por lo menos en la partida asignada en el presupuesto de este año que ronda los RD$1,500 millones para todos las organizaciones.
Los próximos días serán claves para saber qué ley de partidos regirá a las organizaciones políticas e incluso si prevalecerán las primarias simultaneas, organizadas, supervisadas y los candidatos proclamados por la JCE.