Transparencia impulsa México pone en aprieto a funcionarios

Transparencia impulsa México pone en aprieto a  funcionarios

Mexico's President-elect Andres Manuel Lopez Obrador speaks about the upcoming changes his administration will impose on national security during the national peace and security plan conference in Mexico City, Wednesday Nov. 14, 2018. Lopez Obrador says he will continue to rely heavily on the military for the country's internal security and appeared to dismiss aspirations of someday having effective civilian police forces. (AP Photo/Anthony Vazquez)

La transparencia ha dado dolores de cabeza a varios integrantes del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En algo más de una semana, la polémica ha tocado a tres destacados ministros de un Gobierno vehementemente comprometido con el combate a la corrupción.
El esfuerzo del López Obrador por dar transparencia a los patrimonios de la alta burocracia ha revelado propiedades ocultas en Texas de los encargados de los ministerios de Gobernación (Interior) y Comunicaciones y Transportes. También ha matizado la trayectoria curricular del encargado de la Secretaría de Educación Pública, quien ha terminado por reconocer que no ha concluido la segunda licenciatura de la que presumía, según publicaron diarios mexicanos.

Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, tiene una maestría en Filosofía en Cambridge, pero el domingo su currículum fue rectificado con una nota: “preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir”.
Un día después, el lunes, el diario Reforma publicó que Javier Jiménez Espriú, el ingeniero a cargo del ministerio de Comunicaciones y Transportes, había omitido incluir en su declaración patrimonial un apartamento en Houston, Texas, que tendría un costo de 346.000 dólares (6,6 millones de pesos). El funcionario había dejado en blanco los espacios de propiedades y empresas en la declaración que hizo a finales de diciembre. Sin embargo, la revelación periodística lo obligó a dar explicaciones por el apartamento en Estados Unidos.

Jiménez Espriú explicó que esta vivienda, comprada por su esposa en 1992, fue donada a una sociedad mercantil creada en Estados Unidos de la que fue administrador. “De manera previa a mi regreso como funcionario público, las acciones de la sociedad que se encontraban a mi nombre pasaron a la titularidad de mi hijo, Javier Jiménez Gutiérrez”, justificó el secretario esta semana en un boletín de prensa. El funcionario asegura que la transferencia de acciones a su hijo, quien no pertenece a la Administración, lo exime de declarar la propiedad. Esto es disputado por expertos en transparencia. “Habría que contrastar si la autoridad recibió la notificación de que la empresa existe”, aseguró esta semana Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
El diario Reforma también reveló el 6 de febrero que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, es propietaria de un ático que vale más de 500.000 dólares en Houston, Texas. La secretaria, quien fue juez del Supremo durante 15 años, uno de los cargos públicos mejor pagados en México, se defendió diciendo que sí lo había declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero que no aparecía por estar en copropiedad junto a su esposo, el notario Eduardo García Villegas.

López Obrador ha dicho que la Ley de Austeridad Republicana, pendiente de ser votada en la Cámara de diputados, obliga a los servidores públicos a informar con transparencia sobre sus patrimonios, algo que antes no era un requisito para los funcionarios públicos.
Sugirió además una veda de una década para que un exfuncionario pase a trabajar en el sector privado relacionadas con el desempeño que tenían.

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