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El experto en Derecho Constitucional Namphi Rodríguez advirtió que en el ordenamiento jurídico actual resultaría inconstitucional hacer una provisión de fondos a la Junta Central Electoral (JCE) fuera de su presupuesto para sufragar mil quinientos millones de pesos faltantes para organizar las primarias de octubre próximo. Hoy/Fuente Externa 30/1/19
El jurista Namphi Rodríguez alertó al Poder Ejecutivo que evitar los “graves daños” al debate democrático y a la libertad de expresión que se produciría promulgando una Ley de Régimen Electoral que criminaliza con penas de hasta 10 años de reclusión los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos adversos.
Dijo que la nueva Ley Electoral aprobada por el Congreso y pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo es una “espada de Damocles contra la libertad de expresión”.
“Es inconcebible que en el siglo XXI se pretenda aprobar una ley mordaza tan draconiana, que desborda los principios de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 74 de la Constitución de la República”, advirtió al instar al Poder Ejecutivo a no promulgar la referida norma.
Subrayó que el numeral 18 del artículo 84 de la nueva legislación dispone que serán castigados “con penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales”.
Sostuvo que esas penas alcanzan no sólo a quienes profieran los delitos contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino también a quienes “elaboren, financien o compartan” campañas denigrantes con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas contra el honor o la intimidad de los candidatos o los partidos políticos.
Adujo que se trata de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis meses de prisión por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.
“Debe ser la ley más dura que se ha aprobado en América Latina en materia de campañas electorales, viola la Constitución, desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y afectará el debate democrático y la libertad de expresión”, subrayó.
Rodríguez afirmó que esa ley, y la Ley 33-18, de Partidos Políticos, configuran la “tormenta perfecta” para aniquilar la libertad de expresión en República Dominicana en los períodos electorales.
