Aunque después de la promulgación de la Ley de Régimen  Electoral, el pasado lunes, puede decirse que todo está consumado y que  el daño ya está hecho, conviene recordar, para que luego no se alegue que nadie protestó, que esa ley  representa un retroceso para las mujeres y su derecho a la representación política, como alegó la Dirección de la Mujer del PLD en el comunicado  en el que solicitó al presidente Danilo Medina que no la promulgara, y atenta contra la libertad de expresión y el debate democrático, para citar solo dos de sus más señaladas falencias. El jurista Namphi Rodríguez, hombre cercano al expresidente Leonel Fernández, advertía, apenas horas antes de conocerse la decisión del Poder Ejecutivo, que la legislación penaliza con penas de tres hasta diez años de reclusión los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos,  por lo que considera “inconcebible que en el siglo XXI se pretenda aprobar una ley mordaza tan draconiana que desborda los principios de proporcionalidad y razonabilidad del artículo 74 de la Constitución de la República”. También conviene recordar que el delito de difamar e injuriar a un candidato, agrupación  o partido político, entre otros, que se cometan durante la precampaña y la campaña, serán perseguidos por un Fiscal Electoral  designado por el Ministerio Público, lo que equivale  a decir que dependerá  del gobierno  de turno y que  no será neutral ni objetivo en sus acciones y decisiones, ni hará nada que perjudique al candidato oficial.  Pero como dije al principio todo está consumado y el daño hecho,  por lo que solo nos queda estar preparados para las consecuencias de promulgar esa ley en una democracia que, por culpa de sus políticos, un día  avanza  dando un gran   paso y al siguiente  retrocede dos.