La Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados recibió la posición del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con respecto al proyecto de ley que establece una amnistía en el pago de las multas, en virtud de la aplicación de la ley 241 sobre tránsito y vehículos, que data del 28 de diciembre de 1967. Fuente externa 11/03/2019
Luego de que el pasado 12 de febrero, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se opusiera en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que busca disminuir en un 50% las multas de tránsito que acumulan los conductores, el diputado Tobías Crespo anuncia que someterá otro proyecto de ley que procura que en lo adelante, el pago de las contravenciones sea reducida a un 25% del salario mínimo.
De los legisladores acoger el proyecto de Crespo, la multa de tránsito sufriría una reducción de un 75%, lo que implicaría modificar a la Ley 63-17 de Movilidad, sobre Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
En su última visita a la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el procurador general objeto el proyecto de amnistía de multas, del que está apoderada la cámara baja y es de la autoría del diputado Miguel Espinal, por lo que propuso una nueva iniciativa que reduzca en un 50% las multas.
En la reunión con el titular del Ministerio Público, se le comentó que legisladores reciben casos de ciudadanos con multas por no conducir motocicletas con casco protector, pero en la realidad nunca han conducido una motocicleta ni han tenido licencias.
En la comisión que preside Crespo, se le comentó al procurador las quejas que les llegan a diputados de sus representantes sobre las multas que les aparecen en el sistema del Estado, como la un ciudadano que residiendo fuera del país, le aparecieron 26 multas por diversas violaciones a la Ley de Tránsito.
El procurador cree que el 90% de las multas pertenecer al infractor de la ley. Argumentó la necesidad de manejar los recursos que provienen las multas de tránsito, indicando que el sistema penitenciario requiere de millones de pesos adicionales para funcionar.