El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) reconoce los aportes del Gobierno en esta ciudad, especialmente en grandes parques, agua y saneamiento, aunque subraya que sigue siendo injusta e inequitativa la inversión pública, tras precisar que en los últimos 10 años el cabildo ha dejado de percibir RD$20 mil millones como consecuencia del incumplimiento de la ley 166-03 sobre asignación de recursos a los gobiernos locales.
De acuerdo a Juan Carlos Ortiz Abréu, presidente, y Reynaldo Peguero, director general del CDES, la Ciudad Corazón recibe menos de un dos por ciento, del 10% que debía transferirse para los proyectos de desarrollo.
Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, destacaron el trabajo y transformación lograda por el alcalde Abel Martínez en el municipio, así como su disposición y apertura para trabajar de manera coordinada con el Consejo.
Según explicaron los representantes de la organización, Santiago en los últimos 10 años ha crecido de 91.7 kilómetros cuadrados, hasta los 103.8 kilómetros cuadrados (2009-2019). Acumula nueve puntos geográficos críticos de uso de suelo edificatorio y urbano para el crecimiento formal e informal.
En ese contexto, Ortiz Abréu y Peguero expresaron que tres de estos nueve puntos geográficos son altamente críticos y de mayor cuidado para la sostenibilidad y el desarrollo económico competitivo. El primero crece hacia la falla geo-sísmica septentrional (Gurabo); el segundo hacia la direccionalidad del Aeropuerto Internacional (Puñal y Licey) y el tercero, pero no menos importante, hacia el entorno del río Yaque del Norte y otras cuencas.
“Santiago está creciendo hacia donde están las fallas sísmicas y debemos llamar la atención sobre eso”, enfatizó Ortiz Abréu.

Urbanismo. De acuerdo a lo explicado, pocas leyes impulsan un urbanismo para el desarrollo humano.
La ley municipal 176-07 no lo hizo, y las leyes de planeamiento urbano 6232-62 y la 675-44 tienen más de 60 años de retrasos, agregaron.
Recordaron que todavía reposan en el Congreso Nacional la ley general de ordenamiento y una nueva ley de administración pública local. En Santiago se aplica un urbanismo incluyente y participativo, que preserva el verde y el medio natural; que pretende asegurar una agricultura generadora de alimentación sostenible y gestiona de forma prospectiva los riesgos de inundación, sequías, olas de calor y deslizamientos asociados al cambio climático, manifestaron.
Agenda 2030. Según explicaron, en el contexto del Plan Estratégico de Santiago 2030 y las discusiones realizadas, se han venido promoviendo la recuperación urbana ambiental del río Yaque, a través del proyecto “Vive el Yaque”; ampliación y modernización del Puerto de Manzanillo, implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMUS), masificar el ordenamiento territorial con carácter Metropolitano y apoyo a la ampliación del parque de Zona Franca de Santiago.
De igual manera mejorar el sistema de agua potable, residual, pluvial y residuos sólidos.
Alianza. Ortiz Abréu y Peguero subrayaron la importancia de no desfallecer en la promoción de la gobernanza, gobernabilidad y la alianza público privada- comunitaria para la ejecución de los proyectos de la nueva Agenda 2030.
Expresaron que Santiago es la primera ciudad de República Dominicana que cuenta con un sistema de monitoreo ciudadano “que debiera ejecutarse regularmente cada 24 meses”.
“Hablamos de gobernabilidad pero con seguimiento ciudadano transparente, no es lo mismo que hablar de gobernabilidad para que los políticos hagan lo que les plazca”, indicaron.