La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de Chile de un proyecto de ley que busca limitar responsabilidad de usuarios en casos de fraudes bancarios ha causado una gran polémica en el país sudamericano.
Entre las principales novedades del proyecto, se encuentra el hecho de que en caso de sufrir un fraude, la entidad financiera estará obligada a reembolsar el dinero en un plazo de siete días.
El proyecto de ley busca fortalecer la protección de los usuarios en caso de fraudes con medios de pago como tarjetas de crédito, débito y otras operaciones electrónicas. «Si hoy día yo soy sujeto de un fraude como dueño de una tarjeta de crédito, tengo que ir donde el banco, demostrar que hay un fraude y pedir el reintegro de la plata que fraudulentamente se me ha quitado de mi cuenta, y eso se demora hasta 120 días. Con este proyecto ese plazo baja a siete días, por lo tanto estamos balanceando mucho más esa relación entre bancos y quienes son dueños de tarjetas», reconoció el ministro de Economía, José Ramón Valente.
El funcionario agregó que «hoy día uno para estar cubierto con las transacciones hacia atrás tiene que comprar un seguro, eso ya no va a ser necesario, la ley lo protege y por lo tanto los clientes ya no van a tener que comprar ese seguro y van ahorrar esa compra».
La iniciativa que contó con 132 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, establece que el usuario tendrá que dar aviso inmediatamente a su banco al momento de detectar un movimiento fraudulento.
Después de dicha notificación, la institución bancaria deberá bloquear la tarjeta o el medio de pago que se vea involucrado, y una vez avisado, pasarán inmediatamente a ser responsable de cualquier otro movimiento que ocurra con dicho elemento.
«Aquí el banco no puede tomar ninguna acción unilateral, aquí las acciones son vía los tribunales de justicia, si el banco de verdad cree que no hubo fraude, que fue un auto fraude, tiene que demostrarlo ante un juez, y es el juez el que tiene que sancionar, bajo ninguna circunstancia el banco va a poder ir contra la persona y restituirse de esos recursos», afirmó Valente.
La Asociación de Bancos (ABIF) reaccionó haciendo críticas en contra del proyecto.
Bancos critican
La Asociación de Bancos (ABIF) sostuvo que la regulación de servicios financieros «debiese velar por el principio de que el oferente provea servicios seguros y, el consumidor, sea responsable de usar adecuadamente dichos servicios». «En este orden de ideas, los bancos debiesen ser responsables en aquellos casos en que sean negligentes en la prestación de los servicios, causando un menoscabo al consumidor y, los clientes, responsables cuando no los utilicen apropiadamente o cuando no sean diligentes en el cuidado de sus claves o dispositivos», afirmó a través de una declaración pública. La Asociación de Bancos indicó que «el proyecto de ley vulnera el derecho constitucional al debido proceso