Por supuesto que representa un gran paso de avance que los ciudadanos con derecho al voto en las elecciones del 2020 puedan hacerlo  de manera directa, como manda la Constitución, por el candidato a senador de su preferencia en 26 provincias del país. Lo que sigue sin entenderse es porqué la Junta Central Electoral (JCE), si podía dar el siguiente paso eliminando  el antidemocrático  arrastre en las 32 provincias  del país sin excepciones ni privilegios, como es lo justo, lo equitativo y lo constitucional, escogió en cambio meterse ella solita, sin consultar a nadie, en ese  berenjenal del que está saliendo tan  mal parada su credibilidad. Y mientras mas lo explican menos se entiende, con perdón del doctor Roberto Saladín, cuyo voto disidente alborotó aún mas el avispero político, mas que nada porque al país se le dijo   que la resolución  que parió el engendro fue aprobada a unanimidad por todos los miembros del pleno.  El doctor Saladín  explicó ayer, en respuesta al aluvión de críticas  que ha recibido por firmar esa resolución  y luego decir  que el arrastre viola  la Constitución, que fue ante una petición del presidente de la JCE, el doctor Julio César   Castaños Guzmán, que suspendió la presentación de su voto disidente, acogiendo el argumento de que “un voto disidente para eliminar el arrastre podría afectar la credibilidad en el pleno”. Y es probable que, en el contexto de expectativas y presiones en el que se tomó la decisión, la propuesta  pareciera razonable  y atendible, aunque cuesta creer que se dejara convencer de que  se puede estar bien con Dios y con el Diablo.  Solo que alguien olvidó  que  las mentiras, como   tienen  las patas cortas, nunca llegan muy lejos, además de que no son precisamente la mejor solución para los problemas de credibilidad.