Siempre que se trate de la formulación de políticas públicas será inevitable construirlas como resultado de procesos más o menos intensos de negociación entre sectores sociales diversos con puntos de vista potencialmente también diferenciados, capaces de arribar a unas formulaciones consensuadas en un determinado momento histórico. De no ser así, dichas políticas podrían resultar un proceso de imposición y ser legítimamente boicoteadas por sectores que no coinciden o no se sienten expresados en aquellas. Pero, toda formulación, cualquiera que esta sea, tiene vocación de permanecer abierta, es decir, modificable en el tiempo, en razón de los cambios esperables que se producirán en el proceso histórico-social de un determinado colectivo humano. Pretender lo contrario es una aspiración inviable de inmovilismo histórico.
Lo anterior es hoy, entre otros, el caso de las llamadas políticas de género en torno a las cuales se está produciendo en la actualidad un debate en la sociedad dominicana a propósito de su aparición o reconocimiento en los documentos oficiales del Ministerio de Educación y el llamado por parte de las autoridades encargadas a su discusión para su puesta en ejecución en el marco de la educación escolar dominicana. Una intención sin duda responsable que contribuye a la necesaria integralidad del proceso educativo escolar. La escuela no puede hacerse la desentendida con respecto a esta dimensión de la vida de los y las jóvenes y deberá ayudar a construir respuestas válidas que les ayuden a vivir esa dimensión de la vida de manera responsable.
A mi juicio, el Ministerio de Educación, como expresión el Estado dominicano, tiene la obligación de ofrecer en el espacio y el tiempo de la escuela una atención adecuada en la cual pueda cooperar a la educación de esa dimensión de la vida. Dicho de otra manera, la escuela no puede actuar como si la sexualidad no existiera y no hubiera necesidad de educarla. Así pues, como sucede con otras dimensiones de la vida social, me parece pertinente que la escuela se haga corresponsable de ofrecer las posibilidades de una “adecuada” educación de la sexualidad.
Ahora bien, ¿en qué consistirá lo adecuado de esta oferta educativa? En que ella sea el resultado de un esfuerzo de diálogo, lo más amplio e informado posible, entre los diferentes enfoques de los diversos actores que intervienen y hacen parte de la oferta educativa escolar. Un diálogo orientado con el ánimo de construir “consensos básicos posibles” desde la conciencia de la diferencia que inevitablemente estará siempre presente, pero también de valores compartidos que pueden hacer de referentes comunes. Así, asumir que el placer sea un derecho no puede estar desvinculado de que la responsabilidad sea una obligación. Es a esta tensión saludable a la que, a mi juicio, debe apuntar una educación que se toma en serio y que se esfuerza por ayudar a construir autonomías responsables y solidarias en los y las jóvenes.
Es en esta difícil tensión en la que se juega, a mi juicio, la calidad de una educación de la sexualidad en la que el margen de la norma no siempre es tan laxo, y la toma de decisión acerca de lo correcto es tan exigente. Naturalmente, todo lo anterior no debe ni puede desconocer el derecho de las familias a una visión propia al respecto. Pero, no se puede tampoco desconocer la existencia de un contexto social en el cual interactúan familias diversas con iguales derechos. El desafío está, como en otros aspectos de la vida social, en la capacidad de orientar la vida a hacer el bien y a la construcción de una sociedad dialogante de gente respetuosa y decente.