Por: Patricia Solano y Juan Miguel Pérez
“Mis mejores amigos son los hombres de trabajo”, dijo Trujillo, y debe ser lo más cínico que pronunció en la vida, cuando sometió a los dominicanos a trabajar para él, por la fuerza y por la ley.

No sólo sometió a guardias y a presos a trabajos forzados en sus fincas, sino que, dictó leyes, como por ejemplo, la que obligaba a descontar un porcentaje del salario de los empleados públicos que se destinaba al único partido político que existía: el suyo. El Partido Dominicano era rico, y las empresas de Trujillo, un éxito rotundo, pero los salarios de los trabajadores eran muy bajos y no tenían derecho alguno a la protesta.

La pujante industria azucarera se basaba en sistema semi esclavista que Trujillo mantuvo, tanto en ingenios propios como privados. A pesar del mayúsculo problema ético que entraña el aprovechamiento de una fuerza de trabajo barata y vulnerable, el esquema no sólo se mantuvo tras la caída de la dictadura, sino, que se ha extendido a la construcción y a la industria agrícola.

Algo, sin embargo, cambió en el 61. Tras el ajusticiamiento, todavía con la familia del dictador en el poder, una de las primeras marcas de libertad fueron los obreros portuarios, que se manifestaron para exigir mejores condiciones. A esta seguiría la demanda de los trabajadores de textil y los de la Chocolatera de Puerto Plata, propiedad de Ramfis Trujillo. De manera populista, Balaguer (presidente títere a cargo) empezó rápidamente a tomar medidas en favor de los trabajadores; sin embargo, no fue hasta 1963, con la nueva Constitución de Juan Bosch, que se establecieron importantes reformas en materia laboral.

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Con el golpe de Estado, esas reformas fueron eliminadas. Desde entonces hasta hoy, quienes claman por reivindicaciones para el pueblo son llamados “radicales”, precisamente por la misma élite dominante que tumbó un gobierno legítimo, con tal de eliminar los avances de raíz.

En 1966, cuando producto de la ocupación militar norteamericana Balaguer volvió al poder, prohibió las huelgas por decreto y mandó al Congreso una ley de austeridad que congelaba los sueldos de empleados públicos y privados. En el gobierno de los 12 años, cualquier demanda popular era reprimida con violencia, por lo que Balaguer mismo llamó “fuerzas incontrolables”. Otra dictadura.

Sería en 1992 cuando el mismo Balaguer, luego de dos gobiernos perredeístas, promulgara una reforma del Código de Trabajo que, aunque no resolvió el tema Seguridad Social, que era una deuda pendiente muy importante que estableció avances con los que hasta hoy el sector patronal se siente inconforme. La ley de Seguridad Social sería promulgada en el 2001, pero su aplicación ha sido más útil para afincar negocios privados que para reivindicar a los trabajadores. Una vez más el esquema trujillista se impone: usar el Estado para beneficiar el negocio de unos pocos. El pueblo, trabajando y generando plusvalía para esos. Décadas de lucha para reclamar derechos laborales, salarios decentes y seguridad social, solo han tenido respuestas mezquinas, timoratas y violentas frente a los trabajadores.