Por: Patricia Solano y Juan Miguel Pérez
En una democracia auténtica, los organismos de seguridad de un Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, no solo fungen para garantizar el orden público y la propiedad privada, como cierto conservadurismo ha pretendido instaurar. Tienen también la misión de garantizar, conjuntamente con el poder político, que no hayan abusos de unos más fuertes a unos menos. Es el principio del Estado moderno enunciado por Hobbes: todo ciudadano cede parte de su soberanía a una instancia suprema (el Estado), quien a su vez, gracias a su capacidad omnipoderosa, lo protege en su integridad física y social. Así, una de las misiones políticas fundamentales de una fuerza pública sería cuidar a los más vulnerables de una comunidad.

Cuando en 1963 el país tenía su primer Gobierno democrático, un bando militar se mantuvo contrario a él y se puso al servicio de los sectores poderosos de la sociedad dominicana. La democracia buscaba redistribuir el poder pero ese sector quería acapararlo. Y por eso dieron el golpe contra Bosch. Otros militares, sin embargo, se mantuvieron leales a la democracia y a la Constitución que la sostenía. Serían conocidos luego como “militares constitucionalistas”. Bajo el liderazgo del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, una cohorte de jóvenes oficiales comenzó a organizar la respuesta al golpe. Desde el exilio y desde los cuarteles, esos militares del pueblo y soldados de libertad, como les llamó Bosch durante la gesta de abril de 1965, se distinguían de aquellos uniformados que habían traicionado la voluntad popular.

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Durante el Triunvirato, los militares golpistas se mantuvieron no solo sirviendo a los oligarcas, sino que también participaron de los grandes mecanismos de corrupción que caracterizaron a ese régimen de facto. El dolo desde los cuarteles era tal que, sumado al crimen político que significó el golpe, generó una gran indignación en la población civil y en muchos de sus compañeros de armas, algunos de los cuales se fueron integrando al contragolpe que se preparaba.

Por eso, cuando los militares constitucionalistas se levantan en armas y contraatacan el 24 de abril de 1965, para reponer el Gobierno de Bosch, obtienen un respaldo popular inédito en la historia de entonces de RD, y junto a organizaciones políticas y sindicales, organizan la vuelta a la democracia. Esos militares, embutidos de pueblo, iban con el “honor multiplicado y vergüenza como estandarte”, como proclamara Fernández Domínguez. Eran militares con un alto grado de conciencia republicana y de su función histórica: no solo vencieron a la fuerzas golpistas, cuando junto a civiles echaron la batalla del puente Duarte, sino que resistieron durante meses la intervención militar del ejército más poderoso del mundo. Su actitud ejemplar en esas jornadas ha trascendido el tiempo.

Ellos son hoy parte del más preciado patrimonio político de la nación. En tiempos de casos sonados como la Operación Coral y la confesión del mayor Girón sobre la tradición de corrupción que ha prevalecido en los estamentos castrenses del país durante décadas, el legado de los militares constitucionalistas en algún momento debe inspirar una nueva doctrina militar del soldado democrático que, en lugar de agredir al ciudadano y al erario, cuide a la gente, al bien común y fomente democracia.