Los representantes legales de la familia de Anibel González, ultimada por su expareja hace un mes luego de que este fuera liberado por un acuerdo parcial con el Ministerio Público, se querellaron ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los fiscales que suscribieron dicho acuerdo, por el cual fueron suspendidos provisionalmente.
Los abogados José Miguel Vásquez y Miguel Ureña alegaron que los entonces fiscales titulares de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez Jiménez, y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Margarita Hernández Morales, tienen responsabilidades penales, civiles y éticas en este caso.
Los querellantes aducen que la firma de la víctima en el acuerdo es falsa y que al momento de ser suscrito ella estaba fuera del país.
Tampoco descartaron someter a los jueces del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís por haber homologado el acuerdo que le suspendió la pena de cinco años de prisión a Yasmil Fernández Estévez cuando solo había cumplido un año y medio.
“Los fiscales y jueces no consideraron los riesgos a que exponían a Anibel González ni los informes psicológicos sobre el temor que presentaban sus tres niñas por las agresiones de su padre”, dijo Vásquez.