ROSARIO ESPINAL
Hace 30 años, el país se preparaba para librar una de las luchas electorales más importantes de la historia política dominicana. Después de 12 años de represión y triquiñuelas electorales, se abrió la posibilidad de realizar unos comicios que pusieran fin al balaguerato pos trujillista. La desconfianza en lograr ese objetivo era alta. Las tres elecciones anteriores en 1966, 1970 y 1974, carecieron de reglas que aseguraran una real competencia.

En 1978, sin embargo, existían condiciones nacionales e internacionales que favorecían un cambio, aunque la cautela era necesaria porque Balaguer había mostrado siempre destreza en imponer su voluntad electoral.

¿Qué facilitó el cambio?

Para mediados de los años setenta, el patrimonialismo de Balaguer, en torno al cual se había logrado la cohesión del segmento conservador de la sociedad dominicana, entró en crisis.

Se ampliaron los sectores medios y empresariales que demandaban mayor participación e institucionalización de la política, y las formas clientelistas del régimen derivaron en un sistema de corrupción que chocaba con las aspiraciones de modernización de esos sectores.

Por otro lado, las dádivas gubernamentales no alcanzaban para satisfacer las necesidades de ascenso social de los pobres.

También hubo cambios en la oposición. El PRD enfatizó su proyecto democrático electoral y despejó dudas de supuestos radicalismos. Escogió un candidato presidencial de corte liberal conservador.

Así, en las elecciones de 1978 se enfrentaron nuevamente los dos polos que definían las grandes tendencias políticas del pos trujillismo.

Por un lado, el proyecto balaguerista que, a pesar de las dificultades económicas y políticas de fines de los años setenta, seguía concitando apoyo en distintos sectores sociales que se articulaban políticamente en torno a las nociones de «orden y progreso». El orden entendido como negación de la disidencia.

Por otro, el proyecto democrático del PRD que planteaba como punto nodal la conquista de derechos ciudadanos y encarnaba las expectativas de libertad de un amplio segmento de la sociedad dominicana.

Aunque hubo intentos democráticos antes de 1978, las elecciones de ese año marcaron la transición a un sistema democrático en la República Dominicana.

A partir de ahí se cumplieron dos requisitos básicos de la democracia liberal: la libertad de asociación política y la competitividad electoral. Lo primero se logró rápidamente, lo segundo más lentamente.

El «madrugonazo» del 17 de mayo de 1978 fue el primer escollo para avanzar a un sistema de libertad electoral. Grupos de la alta burocracia civil y militar balaguerista intentaron revertir los resultados, y lograron parcialmente su objetivo al asegurar una mayoría en el Senado. No pudieron, sin embargo, obstaculizar el cambio de gobierno.

En todas las elecciones subsiguientes, hasta las de 1994, se presentaron denuncias de irregularidades en las votaciones, y fue sólo a partir de 1996 que se logró adecentar los procesos electorales.

Aunque cada elección hasta la fecha ha generado sus propias disputas, desde 1996, las elecciones dominicanas se han realizado con mayor nivel de certeza, incluso aquellas de alta tensión como las presidenciales de 2004.

El próximo 16 de mayo, la República Dominicana celebrará las elecciones número 12 desde la transición política de 1978, y es claro que en estos 30 años, las fuerzas electorales se han recompuesto.

En vez de una polarización entre el Partido Reformista y el PRD, como ocurrió en 1978, el dial electoral se tornó más diverso.

El bi-partidismo fue reemplazado por un multi-partidismo con predominio de tres partidos, y, desde la campaña electoral de 2004, el PLD ha sido puntero.

En la actualidad, la recomposición de las fuerzas electorales prosigue, lo que podría llevar después de mayo próximo a un nuevo bipartidismo, o a una mayor dispersión de las preferencias electorales.

En medio de estos cambios, el sistema de partidos se ha mantenido relativamente estable, y la clase política ha circulado por el gobierno, manteniendo un bajo nivel de institucionalización.

Así, el gran déficit de la democracia dominicana no proviene de la falta de competitividad electoral, sino de la incapacidad de los gobiernos para gestar una sociedad de mayor desarrollo económico y equidad.

Prima un sistema patrimonial de distribución de riqueza que hace de las elecciones un mercado clientelista.