Lo que sucede en el Parque del Este, donde  Obras Públicas construye  una terminal de autobuses a pesar de que dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron detener los trabajos, es otro ejemplo de los excesos que puede cometer    un Estado  que irrespeta y violenta su propia legalidad, con todas sus consecuencias.  Y una de esas consecuencias es su incapacidad de hacer respetar las mismas leyes que de manera tan alegre y deportiva atropella, por lo que no resulta difícil entender porqué en este país  llevamos décadas, y lo que falta, hablando  de la debilidad  de nuestras instituciones, así como del montón de leyes que se aprueban pero que no se cumplen ni autoridad alguna se  ocupa de hacerlas  cumplir. Esa lógica aplastante  y desconocedora de la ley y el ordenamiento jurídico  no solo le pasó por encima a la decisión de un tribunal sino también a la mayoría de regidores del Consejo del Municipio  de Santo Domingo Este, y lo mismo hizo con las organizaciones populares, de la sociedad civil y juntas de vecinos que se oponen a la construcción de la Terminal Interurbana de Autobuses del Este debido a los daños que provocará al Parque del Este y su riqueza ecológica y medioambiental. Cuando un Estado, o mejor dicho los políticos  que lo dirigen, actúan de esa manera, tenemos derecho a preguntarnos a cuáles intereses, definitivamente poderosos, están sirviendo. Por el ritmo y la intensidad conque se realizan los trabajos,  que pone en evidencia la intención de imponer el hecho cumplido a las sentencias  del TSA y el rechazo de la comunidad a la obra, puede concluirse que muy pronto lo sabremos. El daño, desde luego, ya estará hecho y de manera irreversible, pero los ciudadanos afectados  por ese crimen ecológico tendremos la oportunidad de pasarle la factura  a los políticos que lo perpetraron en las elecciones municipales, congresionales y presidenciales del año próximo. ¡E´pa’ fuera que van!