Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
La capacidad de supervivencia del río Ozama parece inagotable, porque ha visto pasar más de un proyecto de saneamiento, de decretos que impiden el vertido de líquidos contaminantes, y de iniciativas para trasladar a las familias que residen en sus riberas.
En 20 años, principalmente por la denuncia de ambientalistas y ciudadanos preocupados por la suerte del acuífero, no han cesado las discusiones sobre la necesidad de mantener con vida al importante río que abraza al Caribe desde Sans Soucí y el Puerto Don Diego.
Con un proyecto que se inició en el primer gobierno del Presidente Leonel Fernández (1996-2000), el denominado Rescate Social Urbano y Ecológico de los Barrios Marginados de Santo Domingo (RESURE), las autoridades airean de nuevo el saneamiento del río Ozama.
Joaquín Gerónimo, director del Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), la entidad que lo ejecutará, explicó que la primera etapa comprende el desalojo y rehubicación, hacia San Luis, de tres mil familias de La Ciénaga y Los Guandules, y la construcción de una avenida en la ribera occidental, con una inversión estimada en US$200 millones.
El empréstito es inminente. «Esos fondos habrá que conseguirlos con financiamiento, y ya tenemos algunas fuentes identificadas», informó el funcionario.
Para enfrentar la contaminación hay que evitar el vertido de desechos domésticos e industriales; para conseguir lo primero habría que habilitar una planta de tratamiento que está cercana a la zona, y sanear los afluentes del río con una inversión adicional, refirió Gerónimo al resaltar que «definitivamente la recuperación del río va a implicar otras inversiones».
«Estamos concentrados por el momento en sanear la orilla y evitar que el cauce pueda ser contaminado por desechos de los hogares». En ese sentido, aclaró que la permanencia de las familias en las proximidades de la ribera occidental no obstaculizará ese objetivo, «porque habrá un sistema de tratamiento para los desechos que estas van a emitir».
El CONAU tiene bien definidas las áreas de acción, lo que no está claro es la fecha en la que se iniciarán los trabajos. «Queremos que sea pronto, pero puede tomar unos meses cortos, debe ser ya».
También se contempla la construcción de nuevas edificaciones desde el puente Juan Bosch hasta el Francisco del Rosario Sánchez, y un parque ribereño.
EN EL BAUL DE LOS RECUERDOS
Los proyectos de saneamiento del río Ozama son como los cuentos de «Las mil y una noches»: de nunca acabar. Un punto de partida es 1959, cuando el cabildo del Distrito Nacional, por disposición del dictador Rafael Leonidas Trujillo, movilizó hacia Los Mina a los residentes en Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga.
Al cabo de poco tiempo la zona ribereña siguió recibiendo el impacto de la migración, y por tanto, durante la primera gestión del expresidente Joaquín Balaguer (1966-78) llevaron hacia Las Caobas y Cristo Rey a cientos de familias que habitaban en la misma zona.
En 1976 el geógrafo Santiago de la Fuente advertía sobre el progresivo deterioro del Ozama: «tiene una alta concentración de sedimentos en suspensión, como consecuencia de la excesiva erosión del suelo, lo que demanda el dragado periódico del Puerto de Santo Domingo».
La polución no fue detenida, ni de parte de los barrios adyacentes al acuífero ni de las empresas que aún vierten residuos contaminantes. En 1987 el ingeniero Rafael Tomás Hernández, inspector de obras del Estado, dijo que el río Isabela, afluente del Ozama, era una gran cloaca y que el expresidente Balaguer estaba preocupado por esa situación.
La preocupación e iniciativas de organismos no gubernamentales y ambientalistas no se detuvieron. En 1990 el padre Jorge Cela, de Ciudad Alternativa, propuso la construcción de una planta procesadora de aguas residuales en la desembocadura del Ozama, que trataría los desechos de los barrios 27 de Febrero, Agua Dulce, Guachupita y Los Guandules.
El mismo año el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDI) planteó la creación de un Distrito de Control de Contaminación, para mejorar las condiciones ambientales de La Zurza, y controlar la contaminación del río Isabela.
Y ante el paulatino incremento de esta, en ese mismo período la Sala Capitular del ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró en estado de emergencia, debido a los desechos industriales vertidos en sus riberas.
Conjuntamente, se creó una iniciativa privada para buscar soluciones al problema: el Patronato Pro Saneamiento del Ozama (PROZAMA), que presidía el ingeniero Roberto Castillo Tió, y quien informó que los trabajos de rescate del mismo podrían costar RD$90 millones.
También en 1990 la Secretaría de Agricultura diseñó, a través de la subsecretaría de Recursos Naturales, un programa para sanear el Ozama y con él apoyar las disposiciones presidenciales contenidas en el decreto el 226-90, emitido por exmandatario Balaguer, que prohibía lanzar desperdicios al mismo.
Mediante esa disposición se le dio un plazo de 60 días a las industrias que lanzaban desechos al Isabela y Ozama, para que construyeran plantas de tratamiento. En el mismo decreto se ordenaba la creación de una Comisión Nacional de Medio Ambiente, integrada por las secretarías de Obras Públicas, Industria y Comercio, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y el Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
ESTUDIOS Y OTRAS PROPUESTAS
La Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) recibió en 1991 a los técnicos franceses Philippe Carton y Pierre Francoise Demenete, quienes hicieron una investigación sobre las condiciones ambientales del río, para que desde el gobierno se iniciase un proceso de descontaminación.
El mismo año el secretario ejecutivo de la Comisión para el Rescate de los Ríos, Silvestre Antonio de Moya, dijo que los trabajos para el saneamiento del Ozama e Isabela marchaban a ritmo acelerado, y que el sector privado invertía millonarios recursos en la instalación de plantas de tratamiento.
Igualmente, el gobierno anunció la construcción de dos obras de la misma naturaleza, en la ribera occidental del Ozama, a un costo de RD$26.0 millones. Y al año siguiente, en 1992, las autoridades ejecutaban una serie de trabajos para desarrabalizar las márgenes del río, para lo cual trasladaron a 300 familias que vivían en la parte oriental, y con lo cual rescataron esa zona de cara a las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América.
En 1993 Leonel Marión-Landais, encargado de la Oficina de Programas Especiales de la CAASD, expresó que el gobierno construiría una planta de tratamiento para resolver el problema de los afluentes industriales y domésticos que llegan al Ozama.
Igual que los proyectos, las cifras sobre el costo de las obras de descontaminación han tenido su primacía en el largo período de espera. En agosto de 1993 la Comisión Nacional de Saneamiento Ecológico, presidida por César Tobías Rosario, dijo que el saneamiento del Ozama e Isabela requería una inversión RD$1,500 millones.
Pero tres meses antes, en mayo, ONAPLAN determinó que el desalojo de las familias no era la solución al problema de la contaminación del Ozama, porque lo conveniente era la restauración de las cuencas del río y el control de los desechos industriales.
En septiembre del mismo año las autoridades dispusieron la desarrabalización del Ozama, para lo cual desalojaron a 30 familias que vivían debajo del puente Duarte.
Y en 1994, a través del decreto 7694, el expresidente Balaguer creó el Plan de Acción y Coordinación Institucional para la Reestructuración Social, Urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que Rodean los ríos Ozama e Isabela. Ese es el mismo RESURE que retomó el actual gobierno de Leonel Fernández, y que inició en 1998 durante su primera administración.
Para 1994 el traslado de los habitantes de La Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, Los Guandules y La Ciénaga implicaba una inversión de RD$2,500 millones, para trasladar a 12,000 familias.
En enero de 1995 el Poder Ejecutivo y el sector privado buscaban fondos para construir plantas de tratamiento que serían levantadas en la confluencia de los ríos Isabela y Ozama, por un monto de US$18.0 millones. Las obras, con las que se eliminarían los contaminantes que vertían 54 empresas ubicadas alrededor de la Máximo Gómez, las ejecutaría la firma Tahal Consulting Engineers Ltd.
MAS BLA, BLA, BLA OFICIAL
Aunque los proyectos oficiales eran los que conseguían mayor difusión y probabilidades de ejecución, las iniciativas alternativas surgían eventualmente, aunque las desoyeran. Por ejemplo, en 1997 el Plan Cigua presentó una propuesta emanada de grupos comunitarios de la zona ribereña, la cual planteaba la mejoría del entorno sin la necesidad de desalojar a las familias.
En diciembre del mismo año Paolo Oberti, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), anunció que en 1998 comenzaría el RESURE, a un costo de RD$5,000 millones.
Al final del primer gobierno de Fernández (en el 2000), la Autoridad Portuaria Dominicana (APD) informó, previo a un estudio sobre las condiciones del río, que el saneamiento del mismo costaría alrededor de US$350 millones.
En abril de ese año la entidad anunció la ejecución de un programa de rescate, para cuyos fines la APD firmó un acuerdo con su homóloga de Luverno, Italia, la cual invertiría US$20.0 millones inicialmente. Los trabajos durarían 36 meses y consistían en el dragado de las dársenas del Puerto de Santo Domingo, y la construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento.
Pero antes, en enero del 2000, el entonces fiscal del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito, anunció que el presidente Fernández creó varias comisiones para el rescate del Ozama y Haina, integradas por el Instituto Nacional de Protección al Medio Ambiente, la Dirección General Forestal, y la Dirección Nacional de Parques.
Pero el 31 de agosto del 2000, en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, la empresa Souther Cross presentó un proyecto para sanear el Ozama en cuatro años, a un costo de US$445 millones, parte de los cuales serían financiados por la banca extranjera.
En el 2001 el Secretariado Técnico de la Presidencia anunció un ambicioso proyecto de saneamiento de los ríos Ozama e Isabela, a cargo de las empresas Abiral Financial Associated y Consorcio Río Ozama.
Después de muchas discusiones y contradicciones sobre la viabilidad del proyecto, en noviembre el Senado objetó el préstamo por falta de claridad sobre el origen de las firmas y el uso que estas darían a los recursos.
El Ozama sigue esperando que se conduelan de él, a pesar de la existencia de normas ambientales que, de aplicarse, evitarían su progresiva contaminación.
