POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El 2006 que concluye podría pasar a la historia como el período de mayor desenfreno político de la costosa democracia dominicana, donde casi se unieron las campañas electorales de los comicios presidenciales y congresionales y municipales, pese a que están separadas por dos años.

El activismo político del año representó una enorme carga económica, incluyendo un déficit fiscal cuyo costo está por ser pagado con nuevos impuestos, que empañó el éxito gubernamental en mantener por segundo año consecutivo un alto crecimiento, con estabilidad cambiaria y baja inflación.

Las precipitadas luchas internas, que incluyen a un presidente en campaña poco después de pasar la mitad de su período, implican mayores riesgos de costo institucional, en tanto los planteamientos ideológicos y programáticos son sustituidos por el avasallante poder del dinero que sostiene un clientelismo brutal.

Año de contradicciones

Del 2006 se podría escribir que fue un año de contradicciones flagrantes en la vida nacional, con un crecimiento económico que las autoridades cifran sobre el 10 por ciento, pero al mismo tiempo con un déficit fiscal que habrá que pagar con los nuevos impuestos que acaba de aprobar el Congreso en la tercera reforma tributaria en un gobierno que sólo lleva 28 meses, y en la quinta en los últimos 6 años.

Ese exitoso crecimiento económico, con estabilidad cambiaria e inflación menor al 5 por ciento, sin embargo no ha permitido mejorar la inversión social, especialmente en educación y salud, que se mantuvo por debajo de la mitad indicada en textos legales y del promedio latinoamericano.

La gestión macroeconómica es más significativa por haberse producido mientras el precio del petróleo golpeaba duramente al país, con un costo adicional este año sobre los 400 millones de dólares, según estimaciones del secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás.

Los ingresos del Estado crecieron sobre el 15 por ciento, pero sus gastos se incrementaron en más del doble, alrededor del 32 por ciento, especialmente durante la campaña electoral, cuando generaron un déficit fiscal cercano a los 5 mil millones de pesos.

El gobierno no tuvo suficiente recursos para combatir la pobreza que afecta a casi la mitad de la población, pero destinó más de 26 mil millones de pesos a subsidiar indiscriminadamente la energía eléctrica y el gas propano, con lo que se beneficiaron básicamente sectores de clase media y altas, incluyendo a propietarios de millonarias residencias y costosos vehículos.

Las autoridades siguieron aumentando el subsidio a una energía eléctrica ineficiente y cada vez más cara y amenazando, sin resultados, con revisar contratos bien amarrados gracias al tráfico y la corrupción que ha afectado tan profundamente la gestión nacional durante décadas.

Se hizo una reforma tributaria al final del 2005 porque en enero del 2006 arrancaba el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que se aplazó para julio, y luego se dijo que sería en noviembre, o para diciembre y todavía no está seguro que pueda comenzar con el nuevo año, mientras los sectores productivos se quejan de un escenario cada vez más difícil para poder competir con éxito en un mercado internacional abierto.

Funcionarios gubernamentales se han quejado sistemáticamente de la carga presupuestaria de la deuda externa, pero siguieron elevando la interna. El déficit cuasifiscal del Banco Central pasó de 170 mil millones de pesos, casi duplicado en 2 años y manteniéndose como una seria amenaza a la estabilidad, mientras se quemaban más de 200 millones de dólares por las facilidades petroleras que otorga Venezuela y que alguna vez otros tendrán que pagar.

Falta de transparencia

El año comenzó con un «decreto-puente» para normar las compras y contrataciones del Estado y al final se aprobó una nueva ley, al igual que múltiples providencias impuestas por el tratado de libre comercio para transparentar la gestión gubernamental, pero hubo pocos avances específicos.

Varios contratos resultaron escandalosos, pero en ningún caso se inició un proceso judicial. Resaltaron los contratos enviados al Congreso y aprobados en sospechosa prisa de medianoche a fines de julio, por 128 millones de dólares para equipar la Policía y el de la isla artificial. El gobierno palió la situación prometiendo que no ejecutaría el de la isla y retirando el de los equipos policiales.

Un tercer contrato, que traspasaba funciones de Bienes Nacionales a una empresa privada, no fue sancionado por los legisladores que entonces terminaban su período constitucional. Aunque este había estado en vigencia ilegalmente desde el año anterior. Posteriormente hubo de quedar sin efecto otro contrato denunciado como leonino que autorizaba a una empresa privada a emitir la revista de los vehículos.

La falta de transparencia ha sido tan grande que las autoridades llevan dos meses investigando el fraude ejecutado por funcionarios del departamento de pensiones de la Secretaría de Finanzas, estimado en principio en más de 50 millones de pesos.

Las contrataciones grado a grado siguieron a la orden del día, incluyendo una por 450 millones de pesos para un paisaje urbano en Santiago, donde un hospital privado recibió financiamiento público por 25 millones de dólares, mientras a la Secretaría de Salud Pública, como a la de Educación, se le quitaban cientos de millones de pesos para pasarlos al monumental Metro de Santo Domingo.

Esta obra en sí misma es el mayor ejemplo de la falta de transparencia en la gestión gubernamental, tanto en lo financiero como en lo técnico. No han faltado quienes plantearan que la lentitud del gobierno en implementar las reformas en orden a la transparencia que reclama el TLC, está determinada por el deseo de concluir de grado a grado todas las contrataciones para el Metro.

Desbordamiento político

Lo que se registró en el país este año fue un verdadero desbordamiento político, determinado en gran medida por el enorme esfuerzo del partido de gobierno por conseguir el control del Congreso Nacional. Pero apenas se terminaron de contar los votos de loa comicios legislativos y municipales de mayo, los perredeistas abrieron la competencia interna para los presidenciales del 2008. Antes de que faltara año y medio para esas elecciones, los tres partidos mayoritarios se sumergieron en costosas campañas de precandidatos y pugnas degradantes.

En un país donde la poca transparencia es norma en la gestión pública y política, nadie podrá aproximarse siquiera a la inversión de este año en actividades políticas, aunque existe la convicción de que directa e indirectamente, es pagada del erario nacional más allá de las asignaciones presupuestarias con abusos de los recursos estatales. Hasta candidatos a diputados gastan en campaña decenas de millones de pesos que de una u otra forma han sido sustraídos al Estado. Y si se trata de inversión empresarial, es porque antes o después será cobrada, en contrataciones y compras sin concursos y sobrevaluadas o en facilidades impositivas.

La conformación de dos alianzas que polarizaron los comicios de este año contribuyó a un desbordamiento en que la compra de dirigentes, candidatos y militantes alcanzó niveles sin precedente, incluyendo masivos traslados de electores. El mismo día de la votación se pudo comprobar la existencia de puestos para la repartición de dinero en efectivo.

Gran parte de la política gubernamental estuvo condicionada por los objetivos electorales, incluyendo el déficit fiscal de casi 5 mil millones de pesos entre febrero y mayo. Y el propio Presidente de la República recorrió la geografía nacional en caravana oficialista recabando apoyo para concluir la «tiranía legislativa de la oposición».

La prematura lucha por las candidaturas presidenciales ya registra una inversión multimillonaria, especialmente en el PRD, donde uno de los aspirantes parece disponer de un tesoro infinito. Ya no se trata de elecciones internas, sino de carácter nacional, con inversión publicitaria y nóminas que no resistirían la transparencia que se ha impuesto en las naciones de fortaleza institucional.

Arriba el clientelismo

Si algo quedó claramente establecido este año es que la política se ha convertido en una actividad puramente mercantil, con un alto componente clientelista que se nutre del Estado, a través del financiamiento directo y la corrupción. La convicción general es que cada vez hay menos diferencia entre los partidos, donde la lucha por llegar al poder o conservarlo no admite limitaciones éticas.

Las posiciones ideológicas y programáticas son irrelevantes, adornos para complacer las inquietudes de las minorías esclarecidas que reclaman programas durante las campañas. Pero si se llega al poder se justifica lo contrario. Es lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que durante toda su vida, y hasta su programa de gobierno, postuló la reforma constitucional mediante asamblea constituyente electa al efecto, y la no reelección. Pero al ganar por primera vez la mayoría legislativa invirtió sus planteamientos.

Como resultado de los comicios de este año, el PLD logró constituirse en la fuerza política dominante, desplazando un PRD cuyos históricos planteamientos socialdemócratas solo perviven en una minoría de dirigentes y cuadros, mientras el poder del dinero y el tráfico avasalla. Mientras el Partido Reformista Social Cristiano seguía dando traspiés en el papel de comodín que le asignaron la mayoría de sus dirigentes.

Tan pronto consiguió el control total del Estado, las ardientes luchas internas que han emergido en el PLD parecen no dejar dudas de lo brutal que se ha tornado la actividad política y de lo mucho que amenaza la institucionalidad democrática nacional.-