La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), demandó hoy de mayor presupuesto e independencia para el sector justicia, tras asegurar que la falta de recursos e independencia real siguen siendo, entre otras dificultades, el «Talón de Aquiles» de la administración de justicia, «en consecuencia, con la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial».

Justicia y Transparencia lamentó que al 2020, pese a todos los retos y las altas responsabilidades institucionales que tiene el Poder Judicial, a este se le siga considerando como la «cenicienta, el más débil y vulnerable de todos los poderes formales y constitucionales del Estado», esto así fundamentalmente, por los males estructurales  que suponen su sumisión presupuestaria y la escasa independencia de que goza en su accionar operativo y administrativo.

En un balance presentado por la fundación sobre las ejecutorias y desempeño del Poder Judicial durante todo el año 2019, la entidad cívica resaltó como aspectos negativos de la justicia dominicana, la creciente percepción de descrédito y baja valoración, la falta de tribunales y personal administrativo,  y la necesidad de una ley que castigue y persiga la prevaricación.

También, un presupuesto deficiente, la mora judicial aun presente en todos los estamentos judiciales, «con retrasos promedios de hasta 10 años, afectando la seguridad jurídica y hasta la propia democracia, poniendo de paso en cuestionamiento el estado de derecho, además de conculcar el derecho fundamental del acceso a la justicia».

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, calificó como preocupante el que año tras año, persistan en la administración de justicia los mismos problemas, encontrándonos en una especie de circulo vicioso, con avances solamente virtuales y retóricos, los cuales solo retratan proyecciones y deseos, muy lejos de concretarse.

El diagnóstico de la fundación, aun cuando concluye en que la justicia dominicana va de mal en peor, no obstante, reconoce como elemento positivo la renovación en el 2019 de la actual Suprema Corte de Justicia, «inyectando sangre nueva, y en particular la capacidad gerencial y vinculación con el sistema judicial, del presidente del Poder Judicial, Luis Henri Molina».

Señaló que de Molina se advierten grandes esfuerzos y acciones orientadas a mejorar la administración de justicia, iniciativas que a juicio de la fundación están destinadas al fracaso, sino se cuenta en definitiva con la logística y recursos para afrontar las reformas.

Asimismo, Trajano Potentini observó que la justicia es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la constitución y el urgente cambio de los antiquísimos códigos napoleónicos (código penal, civil, procesal civil y de comercio), aprobados en 1884, ósea con una vigencia de más de 135 códigos.

Se recuerda que desde el final de la década de los 90, el Poder Ejecutivo por decreto constituyó comisiones para la adecuación y cambios de los códigos, pese a que descansan en el congreso por 20 años los proyectos de reforma, solo se ha logrado aprobar el Código Procesal Penal, quedando, sobre todo, desfasado el sistema de persecución penal, por la falta de un nuevo código penal acorde con los nuevos tiempos.

La FJT sostuvo que un nuevo código penal vendría a suplir una renovada visión y enfoque de la clasificación de las infracciones, “actualizando la existente aun de factura francesa, que se sustenta en el viejo ordenamiento de juzgamiento criminal». Explicó que el Código Penal, varía sustancialmente el régimen de las penas y con ello algunos de los elementos bases del procesal penal.

De acuerdo con la FJT, el mecanismo e autogestión financiera y presupuestal que propone implementar para dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de más recurso, guardaría mucha similitud con el actual modelo de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales tienen especializado por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones para el caso de adunas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección General de Impuestos Internos.

«En suma, estaríamos hablando de conformidad con las recaudaciones de aduanas e impuestos internos, con valores que sobrepasaron durante el año 2019, los 100 mil millones y más de 400 mil millones respectivamente; en suma estaríamos hablando de más de 4 mil millones para adunas y asimismo sobrepasando los ocho mil millones para impuestos internos, todo esto sin mediar, ni depender del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo», dijo.

Potentini xplicó que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más impuestos, sino más bien que el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos gestionados por el Poder Judicial; tales como los impuestos producto de la jurisdicción inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre otros». «En fin se trata de una dependencia del Poder Judicial, que bien serviría como parámetro para establecer los por cientos necesarios para garantizar la operatividad de la justicia.