La ralentización del crecimiento económico, el déficit fiscal que acentúa el endeudamiento estatal y la incapacidad para contener la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad generan un ambiente pesimista y de incertidumbres en la sociedad dominicana al caer el 2017.
El acentuado presidencialismo que precipitó un debate sobre otra reelección, cuando apenas transcurría un cuarto del período de Gobierno y la incapacidad para concertar los pactos eléctrico y fiscal y las leyes de partido y régimen electoral incrementan la desconfianza de la población en las debilitadas instituciones estatales y políticas.
2017, un año para olvidar. Por más vueltas que se le den el balance del 2017 es devastador para la institucionalidad democrática, para el Congreso Nacional, con la justicia empantanada en una arrolladora cadena de escándalos de corrupción, comenzando por el de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de Odebrecht, ante los cuales la respuesta del Ministerio Público fue ridiculizada por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán.
El primer año completo de la segunda gestión del presidente Danilo Medina marcó un declive de su aprobación, manifiesto en las encuestas, el Gobierno quedó a la defensiva y el mandatario enmudeció frente a la masificación de los reclamos contra la corrupción y la impunidad que encarnó la Marcha Verde, la mayor expresión de ciudadanía en la historia del país.
El año concluye sin que se firmara el Pacto Eléctrico pese a tres años de discusiones y con el Gobierno evadiendo el pacto fiscal, ambos dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, compensando la falta de contribuciones tributarias con un endeudamiento que en la primera mitad del año llegó a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos.
El Congreso Nacional agotó las dos legislaturas del año discutiendo los proyectos de leyes de partidos políticos y del Régimen Electoral, quedando paralizado por la persistencia del presidente Medina en imponer el padrón electoral abierto como obligatorio para todos los partidos escoger sus candidatos a las elecciones generales, evadiendo planteamientos de fondo como la transparencia y limitaciones del financiamiento y las sanciones a las repetidas incursiones del aparato estatal en las campañas electorales.
La economía y la educación. La estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado a 4.5%, aunque reducido en relación al promedio sobre 6% de los últimos años, con baja inflación de 4% y relativa estabilidad cambiaria salvan el Gobierno de Medina en el 2017, aunque para ello tuvo que proseguir la carrera de endeudamiento que disparó la deuda estatal a unos 40 mil millones de dólares, sobre el 53% del PIB, cuyos intereses se acercan a la cuarta parte de los ingresos fiscales. Se crítica un crecimiento económico que no reduce la pobreza y se basa en sectores que generan poco empleo y de baja calidad, con informalidad que pasa del 58%, y que persiste un desbalance comercial que sobrepasará los 8 mil millones de dólares.
La inversión del 4% del PIB en la educación siguió siendo el mayor éxito de la gestión de Medina, con algunos pasos más allá de la construcción de aulas, en la formación docente y programas dirigidos a atacar el bajo nivel educativo nacional. La acción Empresarial por la Educación (Educa) reconoció que el volumen de inversión de este año en el sector, 152 mil millones de pesos, comenzó a consolidar el esfuerzo imprescindible para alcanzar la calidad.
El Gobierno tuvo éxitos en la expansión del sistema de asistencia 911, en mayor crédito a pequeñas empresas y a la agropecuaria, pero quedó atrapado al tener que destinar alto financiamiento a su obra emblemática, la central eléctrica de carbón bajo fuerte cuestionamiento. El informe de la comisión presidencial que pretendía esclarecer su contratación, obtuvo escasa credibilidad y se vio sobrepasado cuando la Odebrecht reclamó otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no en el próximo año, sino en el 2019, agravando los apuros del Gobierno, que enfrenta la disyuntiva de tener que someterse a un arbitraje internacional que dilataría aún más su conclusión.

Aliento de la Marcha Verde. Con un partido gobernante sacudido por luchas internas, con una oposición dispersa y en prematura lucha por candidaturas y sin nutrirse de la caída de la aprobación del Gobierno, las perspectivas políticas se han mostrado inciertas y las encuestas marcan una bajísima credibilidad en los partidos, entre 15 y 23%, y por primera vez cayó por debajo de la mitad, a 42%, la proporción que muestra simpatías partidarias.
La desesperanza parece dominar, especialmente cuando el Barómetro de las Américas ha mostrado que el 42% de los dominicanos tienen expectativas de irse del país, con un altísimo 60% entre los jóvenes de 18 a 25 años, y 48% en la franja de 26 a 35 años. Contrasta con más de medio siglo de crecimiento económico, con tasas en los mayores niveles mundiales, y evidente progreso urbanístico.
Casi todas las evaluaciones concluyen en que el despertar ciudadano contra la corrupción y la impunidad, ha sido el acontecimiento más alentador de un año en que se acentuó el presidencialismo y las tendencias a la imposición política, proyectándose como un gran desafío a los que gobiernan y a los que pretenden relevarlos.

Diagnósticos negativos
Las evaluaciones de instituciones reconocidas como Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) Participación Ciudadana (PC) y el Comité Nacional de Derechos Humanos, ponen acento en el deterioro de la credibilidad en las instituciones estatales. Finjus dice que 2017 es “el más escandaloso en materia de justicia y corrupción. PC: “uno de los años más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad”. Denuncian el deterioro de los partidos políticos, y el auge de la inseguridad, con desprecio a las normativas constitucionales y legales.
Por su parte las escuelas de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles diagnostican una economía que se encamina aceleradamente a la insostenibilidad y para contenerla enfatizan la necesidad de abocarse al pacto fiscal que obligaría a reducir el dispendio, la multiplicidad de organismos con funciones similares, el clientelismo y la corrupción, que según un estudio de Oxfam publicado en octubre consumieron este año más de 90 mil millones de pesos.
En las evaluaciones internacionales del año el país no ha quedado mejor, resaltando el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial donde retrocedió 12 escalones, cayendo de la posición 92 a la 104 entre 137 países, perdiendo pequeños avances de los últimos años, notablemente en fortaleza institucional, en el escalón 129, entre los últimos 8, y quedando sublíder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos. Mientras recientes informes del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y discursos de las representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la embajada de Estados Unidos, urgieron a reformas por la institucionalidad y la competitividad.

Déficit de justicia y salud
Uno de los sectores peor evaluados en el año es el de la justicia, que no logró avanzar en la ejecución de las conclusiones de la Cumbre Judicial celebrada el año anterior, suspendiendo y trasladando jueces, sin alcanzar sanciones ni en los mayores escándalos y con un Ministerio Público que no logró éxitos, no solo en el escándalo Odebrecht, sino en otros muchos, como los de la Corporación de Empresas Estatales, las muertes del CEA en San Pedro de Macorís y Cerro de las Américas y con un pobre expediente sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano. La escandalosa fuga de Quirinito encueró al sistema judicial.
La justicia fallida en los grandes escándalos hizo minimizar tres condenas dictadas este año por corrupción que involucró a los exalcaldes de San Cristóbal, Raúl Mondesí, de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y a Gabriel Mora (Canoa), de Cabarete, que implicaron cárcel para ellos y cinco funcionarios municipales.
El 2007 marcó una crisis de la salubridad pública, sin que se haya concluido la remodelación de medio centenar de hospitales, incluyendo muchos de los mayores, con repetidas paralizaciones, alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en 18 y 23%. Un incremento del narcotráfico, con incautación de 12 mil 843 kilos de cocaína, 3 mil 170 más que en 2016, crímenes espantosos como el de la adolescente Emely Peguero y el abogado Yuniol Ramírez, y unas 180 mujeres asesinadas, casi un centenar en arranques pasionales, contribuyeron a mantener alta percepción de inseguridad.