El progreso constituido por diversas realizaciones públicas y privadas es innegable; como lo es también el de sectores de la sociedad que han avanzado en niveles de vida cónsonos con los tiempos. Pero la magnitud de la pobreza a nivel nacional -aun siendo menor relativamente que en épocas anteriores- y el temor a que las instituciones no logren reducirla significativamente, representan el desafío mayor para la República en este año que comienza y los subsiguientes. Repárese en lo que significa saber que una tercera parte al menos, de la población está, en diversos grados, bajo la línea de pobreza: más de tres millones de habitantes, algo así como la población actual de Puerto Rico.

Demasiado gente sumida en necesidades y vulnerabilidad, situada en populosos asentamientos capitalinos y provinciales, llenando espacios más allá de las fronteras del progreso. Es en esos pobres en quienes más se manifiestan las enfermedades, el desempleo, los efectos de desastres naturales y las insuficiencias de servicios. Ellos son los que menos creen en el crecimiento de la economía. No les consta. Preocupa que por su estructura y la infuncionalidad de políticas públicas abarcadoras, el Estado dominicano no garantice su pronta inclusión; y que además algunos de los beneficiarios y sustentadores del orden actual insistan en decir que el país marcha muy bien, que basta con el progreso visible y el prometido para dormir tranquilo.

Prioridad contra los accidentes

Si el rasgo más alarmante de los accidentes de tránsito en República Dominicana reside en la elevada mortalidad asociada al uso de motocicletas, el énfasis de gestión de las autoridades a todos los niveles debe enfocarse en neutralizar las imprudencias y otras acciones de los motociclistas contra las leyes y la seguridad vial. La temeridad y una gama de otras violaciones a las normas existentes llegan ya a lo inaudito en el medio de transporte basado en dos ruedas.
Esa danza frenética de infracciones debe encontrar en el más corto plazo un muro de contención que se lograría reforzando considerablemente la persecusión a motociclistas en falta incluyendo con rigor la exigencia de documentos y el endureciendo de sanciones con prisión y multas cuando pongan en en peligro la vida de terceros.