¡2024! Un año para continuar la demanda de respeto a derechos de la mujer

¡2024! Un año para continuar la demanda de respeto a derechos de la mujer

Con palpables avances y enfrentadas a esquemas sociales y jurídicos que propician desigualdad de oportunidades y de niveles de ingresos en roles laborales, las mujeres de República Dominicana llegan a un 2024 con importantes metas pendientes y con una presencia en aulas universitarias que sigue superando a la de los hombres, lo que les permite crecer competitivamente e integrarse en mayor medida a la producción. Les queda todavía un limitado acceso a niveles jerárquicos altos, públicos y privados, y en los saldos trágicos de la violencia de género continúa sometida a cifras alarmantes.

Para desbrozar camino hacia el fortalecimiento de sus posiciones en la sociedad reciben el apoyo de entidades públicas y de la sociedad civil, a veces integradas por ellas mismas, como el Ministerio de la Mujer y la Asociación «Tú, Mujer» entre otras también meritorias; con respaldo de Profamilia para recibir imprescindibles atenciones sobre salud sexual y reproductiva y de organismos multilaterales que promueven sus objetivos como la Organización de las Naciones Unidas.

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La cartera de Gobierno enfocada en el sexo femenino concentra énfasis en la Carta Internacional de Derechos de las Mujeres que incluye la definición de discriminaciones de género y ordena a los Estados prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia a las mujeres en los ámbitos públicos y privados.

Vale lanzarse hacia resultados de mediciones que perduran con adversidad en un país cuya tasa de roles femeninos en el Poder Legislativo es de 27.9%, menor al de Latinoamérica que es de 32.8%. En el que las mujeres son las más afectadas por la pobreza con índices en los que también supera a los de la región y a la pobreza que afecta a los hombres locales.

El Ministerio de Economía admite que la desigualdad perjudica a las dominicanas «en participación y oportunidad económica; salud y supervivencia, así como en el empoderamiento político».

Dando la batalla

Un instrumento tecnológico nacional para proveer información tiene como objetivo acercar a la población a los servicios del sistema de protección a los derechos de las mujeres a cargo de instituciones y organizaciones comprometidas a combatir abusos y exclusiones por motivos de género. Para el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional, «es importante centrar esfuerzos en las necesidades de las víctimas de violencia para promover su recuperación emocional y reinserción a la sociedad».

En República Dominicana instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil están estrechamente vinculadas a la labor de prevención, atención, reparación y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar para reforzar los esfuerzos que se aplican contra el flagelo. La cartera a cargo ha procurado la colaboración de más de cien instituciones del propio Estado y no gubernamentales con un programa de creación de centros de atención en vínculo a grupos comunitarios.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, la República Dominicana fue signataria de compromisos para la creación de un programa en favor del empoderamiento de la mujer apoyado por 189 delegaciones de países; un esfuerzo por consolidar cinco decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica.

La no gubernamental Fundación Vida sin Violencia ha estado al frente de reclamos al Gobierno para que «haga una revisión de las políticas públicas con énfasis en la vigencia de campañas que fomenten una masculinidad respetuosa, auspiciadora de la educación desde la primera infancia y en valores de igualdad de derechos y ha propuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial la adopción de mecanismos que brinden efectiva protección a las mujeres».

Enemigo feroz

Liderazgos gubernamentales y sociales reaccionan apropiadamente contra la realidad de que en los primeros seis meses del año los feminicidios aumentaron un 23.5% en comparación con el mismo período del 2022, según cifras oficiales. Cuarentidós asesinatos de mujeres se cometieron hasta mitad de año y más de un experto considera que se trata de desenlaces sangrientos que representan uno de los mayores retos que enfrenta el país.

La abogada residente en Santiago María Pola, investigadora de género y desarrollo de planes sociales, ha opinado que para lograr una reducción de esos hechos de sangre «se necesita desmontar y cambiar las prácticas, actitudes y los conocimientos sobre el problema». El país debe estar advertido de que «la violencia contra la mujer tiene grandes consecuencias e impactos en el corto, mediano y largo plazos, tanto para la mujer como para sus hijos o hijas y demás familiares».

Un estudio por sondeo indicó que en el país «el 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida, porcentaje en ascenso; mientras que en los 12 meses anteriores a la encuesta la medición llegó a 55.9%. Este dato de periodicidad anual indica lo que en ámbitos públicos y privados de República Dominicana muchas mujeres tienen en peligro «sus derechos y que en cierto sentido se trata de agresiones, que podrían ser mortales, culturalmente aceptadas y toleradas».

Trabajo y estudio

Si a valorar conductas generalizadas de los integrantes de la sociedad dominicana vamos, aparecerá una ancha brecha entre hombres y mujeres en conflictos con la ley con una población carcelaria que en un total reciente de más de 25 mil internos, la proporción de varones era de un 97% y las hembras solo constituían el 2.6%. En función de las estadísticas penitenciarias disponibles el porcentaje de hombres ya condenados era de 10,050 y 416 la de mujeres. En España, para fines de comparación, la privación de libertad en mujeres alcanzaba al 4.5% de los recluidos, casi el doble de las registradas en las dominicanas.

Menos presencia en recintos carcelarios pero menos participación también en el mercado laboral. Un informe del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) lo recordaba hace poco: «El nivel educativo de las mujeres dominicanas no es garantía de más alta y mejor participación en el mercado laboral en términos de tipo de empleo, ocupación en la estructura organizativa, ingresos o seguridad social, a pesar de tener una mayor tasa de integración a la educación media, adulta, técnico-profesional y superior».

La educación dominicana se ha femenizado sin que se traduzca en mayor impacto en el mercado laboral ni en empoderamiento económico con más del 50% de la Población Económicamente Activa de las mujeres vinculadas al empleo informal caracterizado por baja calidad de las ocupaciones y ausencia de Seguridad Social.

Sin embargo, las mujeres lideraron el empleo en las zonas francas durante todo el año pasado, según informes del consejo que aglutina a los entes de producción y exportación de ese renglón de inversionistas: «De las 192,461 plazas disponibles en el sector, 101,091 estaban ocupadas por mujeres; esto es el 52.5%, mientras que el 47.5% de empleos estuvo representado por los hombres, cuya cifra asciende a 91,370».

Reclaman derecho

La lucha de un sector importante del país por la aceptación legal de la interrupción del embarazo «por respeto al derecho de las mujeres sobre sus cuerpos y a proteger sus vidas» llega al 2024 ante la misma barrera de inacción legislativa en que estuvo en años anteriores bajo la presión de entes sociales y religiosos concentrados en la defensa inflexible de la vida desde la concepción.

Human Rights Watch, organización internacional independiente que apoya la despenalización, entiende que: “Los legisladores de la República Dominicana tienen una oportunidad histórica para reformar el arcaico Código Penal que está vigente en el país y despenalizar el aborto en tres circunstancias”.

La entidad participa en un movimiento que trasciende lo nacional en demanda de que cese de la prohibición total del aborto por considerarla una amenaza a la salud y la vida de las personas gestantes en «incompatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos» asumidas por el Estado dominicano».

Un estudio divulgado por Profamilia considera cada vez más necesario abordar el tema de las interrupciones del embarazo por su relación con «la clandestinidad y la mortalidad en adultas y en adolescentes».

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