El candidato a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Homero González, afirmó hoy que la Cámara de Cuentas propicia el incumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, al no hacer cumplir a los nuevos incumbentes la referida legislación.

“La Ley de Declaración Jurada de Bienes y de enriquecimiento ilícito explica muy bien que todos los incumbentes tienen hasta 30 días para hacer entrega de su declaración jurada, como todo incumbente saliente el mismo limite de fecha para por igual presentar su declaración jurada de bienes”, indicó.

Dijo que nuevamente “incurrimos en la gran falta de que el organismo pertinente llamado a hacer cumplir esta ley y la fiscalización de la misma no ha dicho nada a pesar de haberse cumplido ya la fecha límite de los 30 días porque el cambio de los nuevos incumbentes municipales finalizó el pasado domingo 24, teniendo como fecha límite el lunes 25”.

“Reiteramos que de las grandes problemáticas que tiene la República Dominicana no es la falta de leyes nuevas, sino la voluntad que se cumplan las ya existentes”, se quejó.

González afirmó que, de ser elegido y proclamado diputado el 16 de agosto, un día después visitaría al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, partiendo de que va a comenzar su trabajo de fiscalización de leyes haciendo cumplir la ley de declaración jurada de empleados públicos.

“Esto lo hacemos para enviar un mensaje claro desde ya a lo que realmente vamos a hacer en un Congreso Nacional, y es hacer que se cumplan las leyes empezando con la de Declaración Jurada de Bienes por parte de los funcionarios salientes”, expresó.

Aseguró que estará mandando un mensaje directo, además, a aquéllos nuevos funcionarios que en los próximos días estarían asumiendo nuevas funciones.

En su artículo número 1, la Ley 311-14 indica que la misma tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad, así como facilitar la coordinación institucional y promover la gestión ética.

Están obligados a declarar el presidente de la República, vicepresidente, senadores, diputados, ministros, procurador, entre otros funcionarios públicos.