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San Francisco de Macorís. Trascenderá al libro de récords Guinness la presencia en estrado, el pasado viernes, de 217 abogados que representan a más de 3,000 personas que dicen ser sucesores de Andrés Trinidad Mejía, quien supuestamente compró en 1806 la porción de terrenos que comprende Cayo Levantado, en Samaná.
La jueza de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, Valentina Marte, tiene a su cargo la determinación de los herederos, para lo cual estudia un voluminoso expediente.
En esta etapa se presenta la disyuntiva de la propiedad de Cayo Levantado, que el Estado asegura le pertenece, pero los sucesores de Trinidad Mejía dicen poseer el documento que avala la compra del islote, por US$50.0, de acuerdo a un acto instrumentado por un capitán del Ejército norteamericano. El acto especifica la adquisición de 1,200 varas en Punta Balanza, lugar que se asegura corresponde a Cayo Levantado.
La magistrada Marte aplazó la próxima audiencia para el 28 de enero de 2013.
El proceso. El proceso se inició en el Tribunal de Jurisdicción de Tierra de Primera Instancia de Samaná, en el 2010, el cual se declaró incompetente por tratarse de una litis sobre terrenos no registrados. Envió el caso a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de allí.
Esa Cámara declaró inadmisible la demanda por falta de calidad, por no depositar los reclamantes las documentaciones que validaran el parentesco.
Esa decisión fue recurrida ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, donde las partes depositaron documentos que demostraban la calidad y el tribunal acogió la demanda mediante la Sentencia 111-0, del 26 de julio del 2010.
Luego se recurrió esa decisión en Casación en la Suprema Corte de Justicia, que en el 2011 confirmó la sentencia de la Corte de San Francisco de Macorís.
La denuncia. Los sucesores dicen que el Estado construyó un hotel y otras mejoras que arrendó a la empresa española Inversiones Whale Bahía, cuyo contrato se desconoce, ya que el Senado no dispone de registro que avalen el arrendamiento. En el proceso ha intervenido la Corporación de Hoteles del Estado, que alega que Cayo Levantado es propiedad del Estado dominicano.
La Corporación de Hoteles basa su intervención en el proceso con el argumento que Cayo Levantado es propiedad del Estado dominicano, con su base jurídica en la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
