Cuando en el pasado mes de marzo el  director de Amet, el general Frener Bello Arias, admitió públicamente que era práctica común de agentes de esa institución imponer multas sin ningún motivo para poder cumplir con la cuota que les exigían sus jefes no pasó  absolutamente nada, a pesar de que con su revelación provocó un grave daño a  lo más valioso de cualquier institución pública: su credibilidad, requisito fundamental para que pueda inspirar respeto y confianza a la comunidad  a la que sirve. La sorprendente revelación del director de Amet, que al menos se cuidó de garantizar  que durante su gestión no se impondrán mas multas falsas, despertó la curiosidad de la prensa, que desde entonces ha documentado sobradamente  las dimensiones del caos que ha provocado  esa práctica ilegal, perpetrada, paradójicamente, en nombre de la ley y la autoridad. Así nos enteramos de ciudadanos que se quejan de que aparecen con multas  pendientes de pago que alegan haber pagado hace años,   de otros que  nunca han sido detenidos por un  Amet,  y de muchos    que  no tienen ni licencia   ni automóvil  ni  saben manejar, a los que habrá que sumar los que todavía no saben que son infractores virtuales de la ley de tránsito.  ¿Cuántos ciudadanos  han sido multados así? Eso no lo sabe ni  Amet,  lo que convierte sus  estadísticas en una fuente muy poco confiable para todos los fines. Por eso debe andarse con mucho cuidado la directora del recién creado Intrant, Franchesca de los Santos, quien ayer advirtió que el impago de las multas de tránsito podría provocar hasta impedimento de salida del país cuando empiece a operar el nuevo sistema de cobros, pues podría   crear  las condiciones  para que se cometan muchos abusos    contra  ciudadanos que no tienen la culpa de que algunos de sus jefes, probablemente cumpliendo órdenes superiores, convirtieran Amet en una agencia recaudadora de impuestos imponiendo multas de manera compulsiva y medalaganaria.