El aumento del 30 % para el salario mínimo del sector hotelero y del 25 % para los trabajadores de bares y restaurantes, el cual será aplicado en dos partidas, comenzando el 1 de junio de 2025, se inscribe en la corriente populista que está arropando, perjudicialmente, la administración de nuestra economía.

Así lo afirmó el economista Guillermo Caram, quien, al ser consultado por periodistas del periódico Hoy, indicó que el incremento salarial no toma en cuenta lo que en economía se conoce como “reacciones contrarias” o “inesperadas” ante una disposición política económica.

Caram explicó que, en este caso, dicha medida podría provocar un aumento de costo de los servicios turísticos, con lo cual disminuye la competencia y puede ocasionar el agravamiento de la disminución del flujo turístico ya observado.

Asimismo, el exgobernador del Banco Central considera que el empresariado turístico podría, para compensar el incremento de los gastos generados por ese aumento de costos, disminuir sus nóminas; con lo cual se aumenta el desempleo.

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Señala que, además, el menor número de empleados provocado por los despidos en las empresas turísticas se traduciría en una disminución de la calidad del servicio y, por ende, en una menor competitividad y afluencia turística.

«Insistimos en la necesidad de dejar en manos de empresarios y trabajadores las negociaciones salariales, tomando en cuenta las señales del mercado laboral y turístico», pronunció el exministro de Hacienda.

Lo que debería hacer el Estado

A juicio de Guillermo Caram, el Estado solo debería intervenir para terminar de definir una política salarial en la que se diferencie:

◦ El ajuste anual por inflación en función del IPC publicado por el Banco Central de un aumento salarial propiamente dicho. Este ajuste debe ser automático, sin mediar negociación alguna.

◦ Un aumento salarial propiamente dicho, estableciendo criterios supeditados a la evaluación del desempeño del trabajador, a su productividad laboral y la de la empresa que presta servicios.

«Reiteramos nuestra oposición a establecer aumentos salariales generalizados al margen de estos últimos criterios de evaluación de desempeño y productividad. Aumentos salariales generalizados que premien por igual a los trabajadores de buen desempeño y a los de desempeño insuficiente constituyen un desestímulo al buen desempeño, a la productividad laboral y a la productividad económica de la empresa y la nación», manifestó Caram.

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