El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, aseguró que hoy mostrarán con detalles y gráficos las pruebas de que José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, obtiene grandes beneficios de una mafia de importación de alimentos.
El martes Peralta formalizó la demanda por difamación e injuria contra el dirigente del PRM, solicitud de la cual Faña dijo tardó demasiado para llegar.
“Nosotros estamos esperando todavía porque no nos ha llegado nada. Nos dieron 48 horas y ya pasan de 700 horas. Reiteramos lo que hemos dicho, si no tenemos razón pagamos la consecuencia, pero si no es así, otro tiene que pagar, porque este país no puede continuar por el camino del derroche y jugando con la alimentación del pueblo”, contestó al ser preguntado por periodistas sobre la demanda.
Faña reiteró que en la asignación de habichuelas del año pasado, a través DR-Cafta, hubo una partida de 14 mil toneladas que llegó sin pagar impuestos, las cuales fueron traídas por solo 76 comerciantes.
Dijo que de esa partida, José Ramón Peralta se auto asignó 2,662 toneladas, lo que representan 58 mil quintales de habichuelas que entraron al país sin pagar impuestos.
“Esas habichuelas llegaron aquí a RD$19.00 y tu vas al supermercado y tienes que comprarlas a RD$50.00 y Peralta la remató a RD$35.00, operación en la que ganó más de RD$100 millones. Mañana (hoy) vamos a dar detalles, ya que ellos dicen que no le hemos dado”, expresó.
Insistió en que hoy mostrarán con gráficos las pruebas e invitó a Cristóbal Rodríguez, abogado de Peralta, a asistir a la convocatoria, “para que se entere”.
Apoderan tribunal. La Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional apoderó a la Novena Sala Penal para conocer la demanda por difamación e injuria que interpuso el ministro administrativo contra el ingeniero Faña.
El juez Vladimir Rosario evaluaba ayer el voluminoso expediente para determinar su admisibilidad y entonces fijar fecha de audiencia.
Peralta aspira a que Leonardo Faña sea condenado a seis meses de prisión y el pago de RD$6 millones como reparación por el daño moral causado por las acusaciones difamatorias, que el funcionario ha calificado como “politiqueras y falsas”.
De tener ganancia de causa los fondos serían dedicados a tres escuelas de agronomía y veterinaria.