La comisión sugirió al Gobierno recuperar a la más brevedad posible los US$6.5 millones pagados al Banco de Desarrollo del Brasil (Bndes) por comisión para el financiamiento aprobado y no desembolsado.
Además plantea que las plantas a carbón se queden bajo el control estatal y que su administración sea reservada a personas que no tengan conflictos de interés en el negocio eléctrico.
Otra sugerencia es que el Estado negocie la compra del terreno donde están ubicadas, propiedad de la familia Vicini, debido al monto de esa inversión.
La comisión considera que el precio contratado debe incluir la totalidad de las inversiones requeridas para el funcionamiento de las plantas sin costos adicionales. “Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se debe aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado”.
Apunta que el Poder Ejecutivo debe prestar atención especial al posible escalamiento de costos y, por tanto, del precio del contrato que podría derivarse de los atrasos en la construcción de la obra.
Señala que la CDEEE ha estado pagando al contratista sobre la base del precio inicialmente ofertado de US$2,040.7 millones, a pesar de que el precio finalmente acordado fue de US$1,945.0 millones sobre la base de una ingeniería de valor y la exención del Impuesto Sobre la Renta.
Indica que adicionalmente, para la presentación de las facturas correspondientes, el consorcio debió deducir al monto acordado de US$1,945 millones, la suma de US$150 millones correspondientes al avance entregado por el Gobierno dominicano a principios de 2014. “En consecuencia, la base que debió utilizarse para presentar las facturas por los hitos completados era de US$1,795 millones”.
Sugiere además que el Gobierno debe determinar las verdaderas razones del retraso en la construcción de las plantas y estimar el costo de las pérdidas para solicitarle al consorcio la debida compensación.
Otra sugerencia es la contratación de una firma especializada internacional en auditoría en plantas termoeléctricas, que certifique que lo instalado en Punta Catalina es exactamente lo mismo que se estableció en las especificaciones técnicas del contrato.
En cuanto a la Ley 340-06 los comisionados señalan que debe ser revisada para elevar el margen de negociación que debe tener el Estado cuando compra bienes y servicios, contrata obras y otorga concesiones, ya que esa norma lo pone en desventaja en su capacidad de negociar mejores condiciones y precios frente a las empresas privadas.
Plantea que la legislación debe contemplar la posibilidad de declarar desierta una licitación si no tiene un mínimo de dos oferentes clasificados al final.
De cierto monto en adelante, dice, cualquier licitación debe estar sujeta a una segunda ronda que permita que los concursantes perdedores por razones de precios puedan realizar una oferta con un descuento que supere el 5% de la oferta ganadora; y que los requisitos para la declaración de emergencia sean más exigentes y las comisiones de licitación complementadas con expertos independientes a las instituciones.