El presidente Leonel Fernández ha sido objeto de dos referéndum cuando se rechazó la cementera de Los Haitises y ahora en demanda del 4% del Presupuesto General de Gastos Públicos que endosa ese desembolso conforme a la Ley General de Educación 66-97.

Ley de la cosecha del presidente Leonel, que desde entonces asignó a Educación el 1.74% ó RD$40 mil mm, escalonando los aportes hasta 2011 que fue de RD$50 mil mm y para 2011 de RD$60 mil mm ó un 2.3%.

Un recurso que los “sabios” de Leonel y su pobre Dirección de Prensa nunca han ponderado del gobernante es cuánto asigna a la UASD, universidades privadas, Instituto Politécnico Loyola, ISA, Plan Sierra, Escuela Agrícola de Dajabón y si ese capítulo es construcción de elevados o criaderos de cerdos. Sumar esos aportes y pasar raya.

Con ese palmarés de ninguna manera podría alentar al presidente Leonel incumplir la ley 66-97 ni alguna otra, pero es sumamente importante reflexionar en la ponencia del brillante titular de Hacienda, Vicente Bengoa Albizu, en el sentido de que existen 123 leyes para asignar recursos a igual número de instituciones y que el Presupuesto en los parámetros en los cuales está concebida resulta incapaz de cumplirlas en sentido económico. La acera enfrente al presidente Leonel arguye que esos recursos podrían obtenerse de eliminar los barrilitos congresionales onerosos y corruptos, reducir los sueldos y canonjías de éstos, eliminar por ley la LMD y sueldos de regidores, eliminar la anomia de la Superintendencia de Bancos, Cámara de Cuentas, 23 vicecónsules en Nueva York y supernómina burocrática. Conforme se aprecia, todo resume un interés político mediático, coyuntural, que todo lo antepone a la disyuntiva alienante de las conveniencias y lo probable que es el desiderátum de la política.