POR MIRFAK ROWLAND
La República Dominicana es el país de Centroamérica en el que los niños, niñas y adolescentes empiezan a trabajar a más temprana edad, situación que pone en tela de juicio las políticas implementadas por las autoridades en procura de la erradicación del trabajo infantil.

Estos datos fueron suministrados por el proyecto Primero Aprendo, un programa que trabaja en pro del derecho a la educación de la niñez trabajadora para Centroamérica y República Dominicana, y que determinó que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes se inician en el trabajo formal e informal entre los 12 y los 13 años de edad.

Según el último estudio, en el 2004 en el país habían 436 mil menores trabajando tanto de manera formal como informal, situación que puso de nuevo en el tapete la problemática a través de amplios reportajes y crónica de opinión difundidos en los medios de comunicación.

El estudio también habla de que esta alarmante cantidad de niños trabajadores se desempeñan en zonas urbanas como Santo Domingo y Santiago, y turísticas como Boca Chica, Las Terrenas y Sosúa.

Según Altagracia Díaz, coordinadora nacional del Proyecto, el trabajo infantil en el país es el resultado de la inequidad en la distribución de las riquezas, del elevado número de la población en extrema pobreza,  de una institución familiar desintegrada y de la falta de oportunidades educativas.

Destacó que, según la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil –ENTI 2000 (OIT-SET)-, las actividades que mayormente realizan los infantes corresponden a trabajos en hoteles y restaurantes, en el área de la agricultura, la selvicultura, la caza y la pesca también prestan servicios comunales, sociales y personales y se desempeñan como trabajadores en industrias manufactureras.

 “Hay otros tipos de trabajos que no sólo son peligrosos para la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes, sino que afectan su dignidad e implican un delito para los adultos que los fomentan. Se trata de la explotación sexual y la trata de esta población”, indicó.

En cuanto al destino de los ingresos que perciben los menores, expresó que casi un 30% de los infantes trabajadores laboran para su familia sin recibir remuneración, el 11% trabaja por cuenta propia y el 42% es asalariado pero casi siempre recibe un pago muy por debajo de lo que se le paga a un adulto.

La funcionaria reconoce que, pese a que el problema todavía está latente, las autoridades realizan esfuerzos para combatir este mal, y prueba de esto es que la lucha contra el trabajo infantil ha trascendido tres Administraciones.

 “Desde 1997 hasta la fecha, son muchas las acciones que se vienen realizando desde el sector gubernamental, el sector privado y varias ONG y organismos internacionales, sin embargo, es preciso que esas acciones sean más contundentes, mejor articuladas interinstitucionalmente, y que así como se trata de un problema multi-causal, su abordaje sea también a través de múltiples estrategias”, dijo.

Menores trabajadores,  ¿y la escuela?

Según la licenciada Díaz, alrededor de un 90 % de los niños, niñas y adolescentes que trabajan ingresa a la escuela, y este dato va a la par con el alto porcentaje de cobertura escolar que hay en el país en la educación básica (93 %).

Agregó sin embargo, que el problema radica en que éstos, por causa de sus labores, se ausentan de clases, repiten cursos, además de que se registra una “sobre edad” en las escuelas locales.

No obstante, a todos estos obstáculos que se les presentan a los menores para poder completar su educación escolar, un 63.9% de la población de 15 a 19 años ha finalizado la educación básica. Estos datos fueron arrojados por la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples ENHOGAR- 2005, estableciendo un 36.1% en la tasa de desertores.

Según el “Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes” en su artículo número 34,  los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra la explotación económica. “El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendentes a erradicar el trabajo de los niños y niñas, especialmente los definidos como peores formas de trabajo infantil. La familia debe contribuir al logro de este objetivo.

En cuanto a la educación de los menores, la ley establece en su artículo número 45, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad, orientada al desarrollo de sus potencialidades y de las capacidades que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y de la sociedad.

Sobre el programa

“Primero Aprendo” es un proyecto que trabaja en pro del derecho a la educación de la niñez trabajadora, para Centroamérica y República Dominicana, en una gestión compartida entre CARE, Catholic Services- CRS y Devtech, financiado por el Departamento de Trabajo de  Estados Unidos y con una duración de cuatro años.

Entre los países que participan activamente en este programa se encuentran: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

En el país, las instituciones que colaboran con este proyecto son la Secretaría de Educación, la Secretaría  de Trabajo, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Maestros (Inafocam), el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otras.

Su coordinadora nacional es Altagracia Díaz, licenciada en educación y consultora internacional con amplia experiencia en programas educativos alternativos para niños, niñas y adolescentes con condición de vulnerabilidad. La página web de la institución es www.primeroaprendo.org