LA RUSIA OCHO, Colombia (AP).- Unos 465 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando del controvertido jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, entregaron el miércoles sus armas, en la reanudación de las desmovilizaciones masivas de los escuadrones de extrema derecha.

Murillo aprovechó la ocasión para lanzar un llamado a sus enemigos de las guerrillas izquierdistas para que pongan fin al conflicto que desangra al país a un ritmo de 3.500 muertos por año.

«Invitamos a la guerrilla para que se sume a nuestros anhelos de paz, sólo el diálogo pacífico y constructivo hará posible la consecución de un país en armonía y desarrollo. No peco de ingenuo al hacer esta invitación», dijo el jefe paramilitar en un discurso.

«Es evidente que hay apremiantes problemas, que como sociedad tenemos que resolver. Pero la lucha armada ha demostrado su impotencia para lograr los cambios que me he referido», añadió Murillo, alias «Don Berna», sobrenombre con que se hizo conocido en el mundo del narcotráfico y de los pistoleros a sueldo de Medellín.

Murillo era un chófer que se convirtió en jefe de seguridad de los hermanos Galeano, narcotraficantes del área de Medellín. Pero cuando el capo de la droga Pablo Escobar asesinó a sus patrones, «Don Berna» se sumó a la guerra contra el barón de la droga.

De este modo, «Don Berna» se transformó en una pieza clave en la alianza de facto que permitió matar a Escobar en 1993 y que incluyó a fuerzas gubernamentales, paramilitares, agentes encubiertos estadounidenses y narcotraficantes rivales. Años después apareció transformado en un importante comandante paramilitar.

Actualmente, Murillo es solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y además, enfrenta un proceso en Colombia por el asesinato de un diputado regional y dos de sus acompañantes en abril.

A pesar de estos antecedentes criminales, lo más probable es que Murillo no enfrente la extradición ni la cárcel, gracias a los beneficios judiciales asociados al proceso de paz entre las AUC y el gobierno del presidente Alvaro Uribe, que apunta al desarme de más de 13.000 paramilitares antes del 31 diciembre de 2005.

En el Congreso se tramita un proyecto de ley que contempla sólo ocho años de cárcel para los miembros de las AUC desmovilizados que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Organismos humanitarios y sectores opositores alegan que el proceso garantiza la «impunidad» para los paramilitares, que hace dos décadas iniciaron una batalla contra las guerrillas izquierdistas.

A pesar de las críticas contra las negociaciones con las AUC, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, valoró la desaparición del Frente Héroes de Tolová de Murillo, destacando que se trata del reinicio de las desmovilizaciones colectivas de los grupos paramilitares.

«Confiando en Dios esperamos que estemos entrando de manera definitiva en la recta final que nos permita anunciar al finalizar el presente año, que la totalidad de los miembros de las autodefensas que operaban en Colombia se han reincorporado a la civilidad», indicó Restrepo en un discurso.

La ceremonia de desarme se realizó en la cancha de fútbol del colegio Divino Niño de la localidad Rusia Ocho, a 450 kilómetros al noroeste de la capital. Muchos habitantes y familiares de los paramilitares pudieron presenciar el primer paso de los combatientes a la vida civil.

A partir de ahora, los desmovilizados se podrán vincular a los proyectos agropecuarios financiados por el gobierno y completar sus estudios.

En los últimos dos años, 5.285 paramilitares se han desmovilizado de manera colectiva gracias al proceso de paz.

De forma simultánea, el ejército reportó el miércoles la muerte en combates de ocho paramilitares de las AUC en los llanos orientales, operación que permitió liberar a un secuestrado.