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POR FEDERICO A. MARTÍNEZ
La vida económica de la nación y su nivel de desarrollo se define a partir de la satisfacción de las necesidades primarias de la población. Salud, agua potable, educación, electricidad, seguridad y comunicaciones, entre otros son servicios públicos que constituyen la osamenta sobre la que se construye la vida civilizada.  Por su naturaleza, son servicios que presta el estado y que después del Consenso de Washington, cada vez más, han pasado a ser ofrecidos por el sector privado.

Cuando preguntamos a nuestros entrevistados sobre los servicios públicos en el país, se puede hacer una clara división: aquellos donde el estado es su proveedor o tiene su mano (y a veces la pata) metida son los que causan mayor insatisfacción; a medida que el servicio tiene menos intervención del estado mayor es la apreciación sobre la cobertura del mismo. La muestra analizada evaluó negativamente en los siguientes porcentajes la suficiencia (no la calidad) de los servicios: salud (99%), agua potable (81%), educación pública (71%), y electricidad (66%). Los servicios públicos ofrecidos por empresas privadas con poca o ninguna intervención del estado fueron evaluados positivamente como sigue: televisión por cable (75%), Internet (83%), teléfono (89%).

No voy a abogar ahora por la privatización de todo, aunque la conclusión aparente sería esta. Lo que hace mejor o peor el servicio público no es que el suplidor sea o no el estado, es la institucionalidad detrás de la entidad que lo ofrece y el estado de derecho que sustenta la posibilidad de la población de exigirlo. Y es por esto que el principal enemigo de la prestación de servicios públicos suficientes y de calidad es la falta de institucionalidad que apaña la corrupción. Le pedí a la muestra de entrevistados que me dijeran que tan de acuerdo o desacuerdo estaban con la afirmación “En República Dominicana con dinero se puede comprar:”   La respuesta aparece en el segundo cuadro.

El 87% concluyo que se puede comprar una ley en el congreso, el 74% una sentencia en los tribunales y el 72% un decreto en el poder ejecutivo.

Esta conclusión es devastadora. ¿Que podemos esperar de una sociedad donde la institucionalidad está secuestrada por la gente que tiene dinero?

Vale la pena recordar aquí que esta muestra está hecha con gente que tiene Internet, por lo tanto tengo que asumir que son de clase media. Por ser gente de las que conozco a muchos se que en su mayoría son adultos de segunda y tercera edad, lo cual debería darle un acceso más cercano a experiencias con el liderazgo del poder político.

¿Quién será el Chapulín Colorado de los dominicanos de a pié si no hay instancia del poder del estado que no sea permeable a la corrupción?

El secuestro del estado en manos de la gente con dinero produce que los representantes de la autoridad de la nación, y aún de la sociedad civil, sean percibidos como corruptos.

 Policías, políticos y militares encabezan la lista con más del 50% de los entrevistados considerándolos como mayoritariamente o absolutamente corruptos. Los empresarios le ganan en corrupción a los empleados públicos y se salvan de la lista los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos.

¿Cuál sector es la reserva moral del país? ¿Sólo los hombres y mujeres cuya vida está dedicada a Dios representan una posibilidad de institucionalización? Estoy convencido que la mayoría de los dominicanos son personas honestas y trabajadoras que salen todos los días a la calle a realizar un trabajo que aporta al bienestar de la nación. Para que este trabajo creador de riqueza sea efectivo, tiene que ser administrado por hombres y mujeres que respeten la dignidad de los ciudadanos.

En ese 30% de políticos que se estima que “los hay serios y no serios” debe haber algunos que puedan asumir la responsabilidad de luchar contra la corrupción y asociarse con ese 57% de empresarios que caen en la misma categoría y entre todos organizarse para asumir la defensa de la mayoría de los dominicanos que merecen una mejor suerte.

La experiencia personal de los entrevistados frente a la corrupción muestra las contradicciones de vivir en una sociedad que lucha entre el deseo de hacer lo correcto y la necesidad de sobrevivir en un ambiente de pérdida de valores, donde los corruptos son ejemplo de éxito en la vida política, empresarial y social.

Por un lado el 100% de los entrevistados entienden que debe someterse a la justicia a todos los altos funcionarios que cojan dinero para facilitar negocios, de la misma manera el 61% asume que en todas partes del mundo los poderosos compran los funcionarios públicos. ¿Cinismo o realismo?  No lo se, de todas maneras en todas partes del mundo se percibe que existe la corrupción por colusión.  La diferencia esta en que en otros países esta colusión entre empresarios y altos funcionarios no es tan descarada como aquí.

Un 80% de los entrevistados entiende que la corrupción de los pequeños empleados y funcionarios públicos es una parte del problema. Esto habla de la visión ética de la gente y de su percepción que la corrupción es un elemento dañino a cualquier nivel que se presente.

Cuando se le inquiere sobre la experiencia personal de los entrevistados con la corrupción aparecen respuestas contradictorias.  85% de la muestra afirma que un policía le ha pedido dinero para evitarle una contravención, sin embargo, 69% afirma que nunca le ha dado dinero a un funcionario público para agilizar una gestión. Pudiera ser que se haya interpretado que darle dinero a un policía no es un pago de corrupción a un funcionario público o que le han pedido el dinero, pero no lo ha dado. Creo más en lo primero; creo que estamos tan metidos en el lodo de la corrupción que nos hemos anestesiado y perdido la capacidad de sentirnos ultrajados por esta.

Más ambivalente es la respuesta a la decisión de someter a la justicia a un corrupto; aunque 54% está Totalmente de Acuerdo o Parcialmente de Acuerdo, estos porcentajes están casi igualados entre los indiferentes y las respuestas opuestas.

Si tomamos en cuenta que en la pregunta 5 sólo el 15% de la muestra estimó que a los funcionarios públicos se les puede someter a la justicia con un sólido 80% estimando que Nunca o Casi Nunca, y la respuesta unánime de someter los funcionarios corruptos a la justicia la conclusión es que 100% cree que debe someterse los corruptos a la justicia, pero que lo haga otro.

Podemos concluir de esta última parte que la percepción de mis 50 dominicanos es que debería someterse a la justicia a todos los corruptos, grandes y pequeños, pero mientras llega ese día y ese que se atreva a hacerlo, convivimos impotentes con la corrupción.  Sabemos que está mal, sabemos que hace daño, pero nos sentimos incapaces de hacer nada frente a los políticos, empresarios y sistema de represión organizada que sostiene un estado de cosas que roba de nuestros bolsillo miles de millones de pesos cada año.

A modo de conclusión quiero dejar a los pacientes lectores de esta serie de artículos una cita tomada de los “Ensayos Seleccionados en Economía Política” (Cap. 7, párrafo 134) de Frederic Bastiat, economista liberal y diputado del período de la Revolución Francesa. En 1848, Bastiat escribió: “El gobierno, limitado en sus funciones y responsabilidades, simple en su acción, de bajo costo, que no deje caer el peso de sus cadenas sobre los gobernados, apoyado por el buen sentido del pueblo, tendría una solidez que nunca ha tenido en nuestro país, y así habríamos finalmente resuelto el gran problema de terminar para siempre con la amenaza de la revolución”

LOS QUE QUEREMOS LA DECENCIA SOMOS MÁS

El autor es consultor de negocios.
Email:federico@promarketdr.com,
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