Por Silvia Soto Fernández.

Las mujeres dominicanas llevan un recorrido de 61 años de dura lucha por sus derechos. Lucha que se inició de manera formal o institucional, en el año 1927, cuando la destacada intelectual y feminista Abigail Mejía, autora del «Primer Manifiesto Feminista Dominicano», quien fundó en el año 1927 el club de mujeres «Nosotras» el cual tenía como consigna: «unión y perseverancia» y posteriormente creo: “Acción Feminista Dominicano (AFD)”, iniciativas que dieron al traste con el otorgamiento del derecho al voto de la mujer en el año 1942.

    A partir de este hito, las dominicanas comenzaron a considerar ocupar y a ser considerada para ocupar importantes espacios de poder, tal es el caso de la doctora Josefina Padilla, quien se postuló a vicepresidencia de la república por el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) en el año 1962 y el liderazgo femenino perteneciente a diferentes partidos han ido creciendo.

    Desde esa época también han surgido múltiples instrumentos legales tanto nacionales como internacionales dirigidos a proteger los derechos de la mujer. Dentro de las que se encuentran: la IX Conferencia Internacional Americana (1948), OEA. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), de 1994, señala en su artículo 4 que toda mujer tiene el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

    La Carta Democrática Interamericana, de 2001, establece en el artículo 28 que “los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de las mujeres en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”.

   La Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, en su artículo 23 señala la importancia de la “democracia y la participación ciudadana”. En el artículo 28 establece que “los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de las mujeres en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”.

    La Constitución de la República Dominicana consigna estas prerrogativas en el artículo 39, acápite 5, que señala: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.

   La Ley No. 13-00, del 30 de marzo de 2000 que establece que: “En la boleta electoral municipal de todos los partidos deberá incluirse una mujer en los puestos de síndico o vice síndico” y cuando en los municipios “solo se eligen cinco regidores, todas las propuestas de candidaturas deberán contar con un mínimo de dos mujeres”.

La Ley No. 176-07 del D.N, y los Municipios promulgada el 17 de junio de 2007 que establece en su Art. 34, la alternabilidad de género   en las candidaturas de síndico y vice síndico y ordena que el 33 % de las candidaturas a regidores y suplentes que los partidos y movimientos políticos presenten ante la Junta Central Electoral estén ocupadas por mujeres.

 La Ley No. 86-99 se crea el Ministerio de la Mujer, que es el organismo rector responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Además de lograr la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, reconociendo que tienen los mismos derechos y merecen las mismas oportunidades

Las mujeres dominicanas ven afectados sus derechos en todos los aspectos y esferas, siendo la discriminación una contantes. Por ejemplo, en materia laboral, encontramos que brecha salarial entre mujeres y hombres es de 18.6%. Su participación en el mercado laboral es de 52.7%, mientras que la de los hombres es de 78.7%, con una tasa de desempleo abierta para las mujeres de 8.6% y de 3.9% para los hombres, 

   En materia de ocupación de los espacios de poder, encontramos que de los 23 ministerios que forman el tren gubernamental, sólo dos instituciones están siendo dirigidas por mujeres: los ministerios de Cultura y de la Mujer; lo cual, en términos porcentuales, representa apenas el 8.7 % de los mismos, frente a un 91.3 % a cargo de hombres. Se resalta, también, la Procuraduría General de la República. Estos datos sitúan el porcentaje más alto en el período 1990-1994, cuando el liderazgo ministerial femenino alcanzó el 21 %, según reseña el Observatorio de Igualdad de Género, del Ministerio de la Mujer.

    Esto ocurre, a pesar, de que, el artículo 39, inciso 5) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.

    Además de la desigualdad y falta de equidad de género, la mujer padece en el país, una mayor problemática a causa de la construcción cultural machista que proyecta a la mujer como una propiedad del hombre. Se trata de la violencia física y psicológica, miles de las cuales han terminado en feminicidios en los últimos 20 años. De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, República Dominicana fue en 2020 el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100,000.

    Siete de cada 10 mujeres de más de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida en el ámbito público o privado, dándose más de la mitad de los casos de violencia en el seno de la pareja, según datos de la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM) 2018. Las adolescentes son, según los datos disponibles, especialmente más vulnerables. La violencia contra las mujeres y las niñas es un gran desafío y un tema pendiente para el país. Desde el 2016 hasta la fecha, ese tipo de violencia le ha costado la vida a 624 mujeres, adolescentes y niñas.

    El bloqueo a la aprobación del aborto en sus tres causales, no solo constituye una violación a los derechos de la mujer, sino, una traición por parte del actual gobierno, cuyo partido se comprometió a apoyarlas. En conclusión, consideramos, que los derechos de la mujer en el país se encuentran en los últimos tres años en una etapa oscurantista, pues se ha retrocedido en algunos aspectos, como en la participación de la mujer en los espacios de poder. Y en otros, no hemos avanzado ni un ápice, como en lo relativo a la violencia y feminicidios. Además, nuevamente las mujeres fueron engalanadas. En esta ocasión, por parte de quienes ofertaron un cambio y el fortalecimiento de los derechos y la democracia,  con la  pero, además, el actual gobierno y su partido, el PRM, traicionaron su compromiso de apoyo a la aprobación de las tres causales, prefiriendo aliarse con los sectores conservadores. Una lucha que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la ciudadanía, y de que RD es uno de los 5 países en el mundo en los que las tres causales no existen.