POR VICENTE SOBREVELA Y DIEGO PESQUEIRA
El vicepresidente Rafael Alburquerque anunció anoche que recibió un informe preliminar sobre el incendio que produjo la muerte de 134 prisioneros y heridas a otros 26 en la cárcel pública de Higüey.

No quiso revelar detalles porque entregará el informe al presidente Leonel Fernández cuando regrese al país en el fin de semana próximo para que actúe en consecuencia.

En tanto, el procurador general Francisco Domínguez Brito, quien preside la comisión investigadora, dijo en una conferencia de prensa en la mañana que los cabecillas de las bandas que iniciaron las trifulcas serán enjuiciados por el crimen.

Alburquerque dijo que hasta el momento se han identificado 84 cadáveres y fueron entregados a los familiares con una ayuda que dispuso el presidente Fernández y aún faltan 50 por identificar según los informes del Instituto de Patología Forense.

Si en las próximas 48 horas, dijo Alburquerque, quedan cadáveres sin identificar, serán sepultados en una fosa común, de acuerdo con lo dispongan las autoridades que están a cargo en Higüey.

Los heridos en la trifulca en la cárcel higüeyana a balazos machetazos o quemados están internados en hospitales de la región Este y Santo Domingo.

Alburquerque confirmó la información preliminar de que la tragedia comenzó como una lucha entre dos grupos de presos rivales por el control de la cárcel «y el parecer por un problema de drogas.”

En conferencia de prensa en su despacho del Palacio Nacional, el vicepresidente y encargado del poder Ejecutivo precisó que la comisión designada para la investigación está interrogando a todos los involucrados directa o indirectamente en la tragedia que ocurrió en la madrugada del pasado lunes.

Informó que ayer en la mañana hubo una reunión de la comisión en la Procuraduría General de la República para completar datos y conformar el informe preliminar.

«Puedo informarle a la opinión pública que hay conclusiones preliminares sobre el asuntos y que el Procurador General de la República, como coordinador de la comisión que investigó el caso, entregará el informe a la Presidencia de la República», dijo Alburquerque.

Indicó que con el informe “lógicamente también vendrán las recomendaciones pertinentes de la comisión, tanto en la responsabilidad penal de quienes provocaron esos hechos, así como el aspecto disciplinario de los agentes policiales encargados de la dotación en la cárcel de Higuey».

Indicó que este informe preliminar, también podría dar lugar a otro suplementario, en caso de encontrar nuevas evidencias y posibles otros responsables.

Alburquerque no quiso revelar detalles del informe, pero explicó que se elaboró en dos vertientes sobre las responsabilidades y los aspectos administrativos y disciplinarios.

La comisión la encabeza el procurador general Francisco Domínguez Brito, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, el jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, el director Nacional de Investigaciones (DNI), mayor general Manuel de Jesús Florentino Florentino, y el gobernador de La Altagracia, Pedro Rojas Morillo.

Indicó que está arrestada la dotación policial de Higuey y se han investigado todos los agentes y oficiales, para determinar «acciones que en sentido general forman parte de la lucha anticorrupción planteada por el gobierno del presidente Fernández».

66% PREVENTIVOS

La comisión que investiga la muerte de 134 reclusos en un incendio en la cárcel de Higüey encontró que 66% de las víctimas todavía esperaba que se concluyeran los procesos que se le seguían en los tribunales, informó ayer el procurador Domínguez Brito.

La comisión, indicó, no ha determinado cómo y quién introdujo las armas de fuego que estaban en manos de los presos y que no fueron descubiertas en una requisa el miércoles pasado.

«Sobre las armas estamos investigando. Eso no significa que el arma no estaba ahí antes del miércoles ni que la requisa estuvo bien realizada. Tampoco puedo afirmar que estuvo el arma antes del miércoles», precisó Domínguez Brito.

Advirtió que «no es posible tolerable que se permitieran armas de fuegos en ese recinto».

Explicó Domínguez Brito que el promedio de reclusos con procesos pendientes en la cárcel de Higüey es similar a la de otras cárceles, a pesar de que en los últimos tiempo se ha reducido ese porcentaje.

Domínguez Brito afirmó que la tragedia dejó al descubierto los años de hacinamiento del sistema penitenciario y la necesidad de que reformar la gestión para corregir el desorden en que se manejan las cárceles de manera tradicional.

Indicó que como parte de ese proceso de cambios se inició una transformación del cuerpo de vigilancia y la estructura de los recintos carcelarios.