El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sometió ayer un proyecto de ley que busca prohibirle a la Defensoría Pública seguir operando en condiciones «desleales» frente a los abogados de la entidad. La iniciativa también procura el cese de la «explotación laboral» a que son sometidos los defensores públicos.
Su presidente, Miguel Surún Hernández, dijo que el proyecto legislativo dispone que los defensores públicos no puedan ofrecer sus servicios en los destacamentos, en las prisiones preventivas y en los centros de detención, pues esto afecta a los abogados litigantes.
El jurista, asimismo, explicó que la iniciativa propone que los defensores públicos solo puedan litigar a favor de personas de escasos recursos.
El 85% de los procesos judiciales son llevados por la Defensoría Pública, situación que, a juicio de Surún Hernández, debe ser corregida de inmediato.
“Ya es hora de que se tomen medidas drásticas para corregir esta situación que permite la competencia desleal por parte de dicha oficina, aprovechándose de las ventajas, relaciones y privilegios que le otorga el sistema de justicia”, manifestó.
Surún Hernández observa una “explotación laboral” contra los defensores públicos, y por eso salió en su defensa.
“A ellos se les asigna hasta 700 casos simultáneamente y laboran en condiciones deplorables”, denunció.
En tal virtud, la iniciativa de ley establece que los defensores públicos reciban un aumento salarial del 100%, y que solo puedan manejar un máximo de 70 casos a la vez.
“Resulta preocupante y abusivo que se les asigne tantos casos a un mismo defensor público, obligándolo a ponchar tarjetas. Deploramos los niveles salariales, ya que a los defensores públicos se les aumentó un 5% de sueldo, a pesar de que la Defensoría Pública recibió un incremento de un 25% en su presupuesto y maneja más de 530 millones de pesos al año”, apuntó.
El gremialista realzó la importancia del proyecto, que variaría la Ley 277-04, sobre la Defensa Pública.