90% carece de los títulos

90% carece de los títulos

POR GERMAN MARTE
Más del 90% de los pobladores del país carecen de un documento que les garantice que son dueños de los terrenos donde viven, ya que la Ley 15-42 que rige la materia de tierra sólo  permite adquirir títulos de propiedad a las personas adineradas.

Al hacer la afirmación, Santos Mota, coordinador del Espacio Urbano Por la Defensa del Territorio, destacó que aproximadamente 20 familias son propietarias de gran parte de las tierras del país.

Entretanto, “el gobierno hace más bulla que otra cosa”, sostiene, con las limitadas acciones de cambio de piso de tierra por cemento, que, a su juicio, no ha llegado a muchas partes.

Tras sostener que no existe una política gubernamental encaminada a paliar el déficit habitacional que hay en el país, Mota, también coordinador del Consejo de Desarrollo de La Caleta (CODECO), manifestó que el derecho a la vivienda está consignado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, manifestó que diariamente en el país se viola el derecho a la vivienda y no se le busca ninguna solución a quienes carecen de ellas.

El dirigente comunitario subrayó que el déficit de viviendas en el país es de 700,000 unidades y que la política habitacional del gobierno no garantiza que los más pobres puedan obtener una casa donde vivir. Además, añadió, los más pobres no tienen capacidad para adquirir una casa en el sector privado, debido a los altos costos.

Al ser entrevistado en el programa “Adelante con la Comunidad”, que se transmite cada sábado de 9:00 a 10:00 de la mañana por Radio Juventus Don Bosco, Mota señaló que la enorme mayoría de los dominicanos vive en casas alquiladas.

 “Porque para nadie es un secreto que los grandes apartamentos que construye el gobierno se quedan en manos de los funcionarios, políticos y militares”, añadió.

Sostuvo que luego, los adquirientes de esos apartamentos los alquilan a personas que no tienen viviendas.  De igual manera, manifestó que en los barrios marginados hay personas que viven prácticamente en  “ranchos” alquilados, porque no tienen con qué comprar o construir una casa. Asimismo, indicó que la mayoría de las viviendas carecen de los servicios de infraestructuras básicas y que el promedio de personas por hogar es de cinco miembros, por lo que es considerable el grado de hacinamiento.

DESALOJO CERO

Mota dijo que los grupos comunitarios, como el Espacio Urbano para la Defensa del Territorio y Codeco están promoviendo la campaña “Desalojo Cero” que a nivel mundial promueven grupos comunitarios bajo la coordinación de la Alianza Internacional de Habitantes (AIH) con sede en Italia.

Explicó que la campaña se desarrolla simultáneamente en los países de América Latina y África, que es donde más se viola el derecho a la vivienda.

Además, Mota dijo que el Espacio Urbano para la Defensa del Territorio le ha tomado la palabra al presidente Leonel Fernández cuando propuso cambiar la deuda externa por políticas sociales en materia de viviendas, como parte de la estrategia para cumplir con los Objetivos del Milenio.

 Por eso, apuntó, se precisa de la integración de todos los grupos comunitarios que luchan por el derecho a la vivienda para impulsar la campaña “Desalojo Cero”.

 “Se necesita de una campaña fuerte, de seguimiento sistemático, de unidad y presión, sobre todo”, explicó.

El dirigente comunitario afirmó que los desalojos se han convertido en un gran negocio donde los únicos perdedores son las familias desalojadas, mientras que se distribuye dinero entre policías, el abogado del Estado, los alguaciles y los acompañantes que se roban parte de las propiedades durante los desalojos.

 “Los desalojos son un gran negocio y por eso a muchas personas no les interesa que se arregle esa situación”, sostuvo Mota.

 Expresó que cada vez que se produce un desalojo, las familias afectadas quedan en el aire, porque no hay ninguna institución estatal que se encargue de socorrerles.

Señaló que hace tres semanas en la comunidad de La Ureña, autopista Las Américas kilómetro 19, fueron desalojadas cinco familias.

Añadió que ahora en el lugar sólo queda el terreno desolado, mientras las personas afectadas han quedado a la intemperie, sin que ninguna institución los proteja. Situaciones como estas –advirtió- son las que llevan a veces a que las comunidades se “desborden” y hagan desórdenes.

Consideró que el gobierno tiene la responsabilidad de buscar una solución viable, por la vía de la negociación entre los ocupantes de los terrenos y quienes se dicen propietarios, porque los pobladores no son culpables del gran déficit de viviendas y de que no haya una ley que los ampare.

Mota abogó porque los legisladores aprueben cuanto antes el proyecto de ley sobre titulación de tierra que será reintroducida en el Congreso, ya que los proyectos sometidos anteriormente perimieron.

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