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SANTA FE DE RALITO, Colombia (AP).- Durante la desmovilización de más de 900 paramilitares que se efectuó aquí el martes, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) propusieron un referendo nacional para que sea el pueblo quien decida el futuro jurídico de estos combatientes de extrema derecha que optaron por dejar las armas.
«Hacemos formal compromiso de que nos sometemos a la decisión que el pueblo colombiano, en ese referendo nacional por la paz, tome en relación con todos los miembros de esta organización armada»», dijo el jefe paramilitar Ernesto Báez en un discurso ante la tropa.
En declaraciones posteriores a la prensa, Báez explicó que los colombianos deben tener la facultad de determinar lo que debe pasar con los paramilitares en cuanto a temas como las penas de cárcel que pesan sobre ellos, los procesos ante la Corte Penal Internacional, las solicitudes de extradiciones de Estados Unidos por narcotráfico contra algunos comandantes y eventuales leyes de punto final.
Enfatizó que las AUC aceptarán el resultado del referendo y aseguró que la consulta dará más garantías para el éxito del proceso de paz que adelantan con el gobierno del presidente Alvaro Uribe para sacar de la guerra a más de 13.000 combatientes de extrema derecha al finalizar el 2005.
La propuesta de Báez se produjo en medio de la primera desmovilización masiva de este año con 925 paramilitares, lo que eleva a 3.660 el número de estos combatientes que han dejado las armas desde el 2003 para vincularse a programas de reincorporación a la vida civil.
Todavía no se conoce una respuesta oficial a esta proposición de las AUC, que se lanza justo cuando en el Congreso no ha pasado un proyecto de Verdad, Justicia y Reparación que establezca un marco jurídico para garantizar que los autores de delitos de lesa humanidad sean castigados.
En su combate a las guerrillas izquierdistas iniciada hace dos décadas, los paramilitares han cometido masacres, asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones. También han recurrido al narcotráfico para financiar sus operaciones bélicas.
La organización Human Rights Watch (HRW) tenía previsto al martes publicar un reporte para instar a la comunidad internacional a no aportar recursos para el proceso de desmovilización de las AUC ante la inexistencia de un marco legal que garantice castigos para los autores de crímenes de lesa humanidad.
El ministro del Interior, Sabas Pretelt, calificó de «lamentable»» la posición de HRW y recalcó que se aplicará justicia.
«No hay impunidad, por el contrario, se hace la supervisión jurídica de cada una de las personas que se desmovilizan»», dijo Pretelt a Radio W FM.
Los 925 miembros del Bloque Sinú-San Jorge que se desmovilizaron el martes, entregaron sus fusiles, pistolas y municiones en una ceremonia en una de cancha de fútbol de la localidad de Santa Fe de Ralito, que sirve de escenario de los diálogos de paz.
A la ceremonia en esta localidad ubicada a 460 kilómetros al noroeste de Bogotá, asistieron el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el ministro de Interior y Justicia; el obispo de Montería Julio César Vidal; y autoridades de la región de Córdoba.
