Hoy 
El 28 de febrero de 1984, la República Dominicana dejó claramente establecido que no es vertedero de desperdicios de otro país. Fue en esa fecha que el Poder Ejecutivo promulgó la ley 128, que prohíbe de manera expresa el traslado hacia el territorio nacional de desechos provenientes de cualquier otro país.
La legislación puso fin a intentos que se hacían entonces para trasladar hacia Oviedo, en el suroeste dominicano, de toneladas de desechos cloacales (compost, le llaman los anglosajones) provenientes de la ciudad de Nueva York. Bueno es que se recuerde que los patrocinadores de esta barbaridad definían como «inocuos» aquellos desechos, a pesar de contener desde restos orgánicos hasta residuos radioactivos necesariamente dañinos para la salud.
Ahora resulta que en uno de nuestros polos turísticos han sido depositadas varias toneladas de «rokash», un residuo de la combustión de plantas térmicas, procedente de Puerto Rico. Como en el caso del compost que sería depositado en Oviedo, se afirma que estos residuos son «inocuos», cosa que nadie cree.
[b]II[/b]
En virtud de la vigencia de la ley 128, lo que procede en este caso es detener inmediatamente las operaciones de traslado y desembarque de estos desperdicios y establecer su composición y posible toxicidad para los fines de reclamar a quienes los depositaron en Samaná las reparaciones ambientales y de otras índoles que resultaren pertinentes. A renglón seguido, hay que establecer las responsabilidades de lugar para proceder de acuerdo a lo que disponen la ley 128 y cualesquiera otras legislaciones sobre la materia, pues la transgresión no puede quedar impune y quien haya autorizado estas operaciones deberán pagar las consecuencias.
Si en Puerto Rico no hay espacio para disponer de los desperdicios que ese país genera, que la Gobernación de ese país les busque otro destino, que no sea la República Dominicana.
Con el mismo fervor que en 1984, debemos dejar claro que no somos ni seremos vertedero de desperdicios de ningún país y que estamos dispuestos a hacer cumplir nuestras leyes sobre preservación del ambiente.
[b]Hambruna[/b]
En Haití la crisis social se ha agravado debido a la falta de gobierno y a la lentitud conque fluye la ayuda humanitaria internacional.
El estado de indefinición, la débil gobernabilidad y el predominio de grupos armados han debilitado aún más la endeble economía.
Desde la deposición de Jean Bertrand Aristide a la fecha ha aumentado la mortalidad infantil y cada vez más empeora la insalubridad.
Los repartos de alimentos donados por organizaciones internacionales no son suficientes en este país sumergido en la más terrible pobreza.
La deposición pura y simple de Aristide no soluciona los graves problemas políticos, económicos y sociales de Haití. Hasta que sea restablecida la gobernabilidad y creadas las condiciones para que la economía recupere sus signos vitales, los amigos de Haití tendrán que hacerse cargo de atenuar la gravísima situación social de ese país, caracterizada por hambruna, desempleo e insalubridad. Descuidar estos aspectos sería un terrible crimen de lesa humanidad.
