En los últimos veinte años hubo 227 casos de corrupción en la administración pública que fueron sometidos a la justicia dominicana pero en sólo uno hubo condena definitiva y en apenas seis (2.6%) se llegó a una decisión definitiva, de acuerdo con una investigación que realizó Participación Ciudadana y que aparece en un nuevo libro.

Los inculpados de los otros cinco casos de corrupción en que hubo decisión, fueron absueltos en diferentes instancias judiciales, determinó el estudio de Participación Ciudadana.

El libro Veinte años de Impunidad: Investigación de Casos de Corrupción en la Justicia Dominicana, 1983-2003, fue presentado por Alfonso Abreu Collado, coordinador de Participación Ciudadana en un acto al que asistieron representantes de distintos sectores.

La «debilidad» institucional del Poder Judicial, muchas veces «cautivo» de las presiones emanadas del Poder Ejecutivo y, en otras, paralizado «por el miedo al poder económico o a los apellidos sonoros», se ha puesto de manifiesto en los procesos judiciales anticorrupción en los últimos 20 años, afirmó el coordinador de Participación Ciudadana.

De los 185 casos o denuncias localizados en el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO), dijo Abreu Collado, 93 casos, que representan más de la mitad, siguen clasificados como «en proceso de investigación», a pesar que muchos fueron sometidos hace dos, tres y cuatro años.

Manifestó que la mayoría de los casos nunca llega a los tribunales por la aplicación de la política de «borrón y cuenta nueva» por los gobiernos de Jorge Blanco (1982-1986), Joaquín Balaguer (1986-1996), Leonel Fernández (1996-2000) y de Hipólito Mejía, en estos últimos tres años.

Destacó que más que leyes que sancionen el delito, en el país ha faltado «probidad, valor y responsabilidad de jueces y ministerio público» para demostrar que la justicia es igual para todos.

Afirmó que sólo cuando la aplicación de sanciones oportunas sea la consecuencia natural de la violación de la ley, empezará a desaparecer en el país la percepción generalizada de que la justicia es inoperante o de que actúa con marcada parcialidad.

El coordinador de Participación Ciudadana subrayó que todos los inculpados en casos activos de corrupción se encuentran en libertad provisional bajo fianza, «provisionalidad que, dada la inercia judicial, en la mayoría de los casos se convierte en libertad definitiva».

Manifestó que la percepción negativa que tienen los dominicanos sobre la corrupción, asociada al ejercicio del poder político, ha salido a relucir en cada una de las encuestas realizadas en las que se ha indagado sobre este tema.

Dijo que en el 2003, el 97.4% de los dominicanos entendía que existe corrupción en la presente administración gubernamental.

Desafortunadamente, dijo Abreu Collado, lejos de invitar al optimismo, los resultados de la investigación parecen servir de sustento a la opinión generalizada en la población dominicana, de que la lucha contra la corrupción parece «una causa perdida».

Calificó como preocupante la tardanza en la toma de decisiones de las instancias judiciales en los casos anticorrupción tanto por la falta de sanciones para los culpables, como porque se puede prestar a que denuncias sin fundamentos, se mantengan como expedientes abiertos por tiempo indefinido, en perjuicio del buen nombre de las personas involucradas.

En ese sentido, indicó el vocero de Participación Ciudadana, de los 185 casos en el DEPRECO hasta la fecha de la investigación, a sólo 18, que representan algo menos del 10%, les habían encontrado méritos suficientes para ser recomendados para sometimiento al Procurador General de la República.

Igual situación de retardo se presenta en los casos de corrupción localizados en los juzgados de instrucción. Precisó que el 66% de los casos tienen entre cuatro y ocho años parados en la instancia de instrucción, señaló Abreu Collado.

Agregó que en el Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional se localizaron diez casos. Dentro de los cuales hay uno desde 1988 y otro desde 1989, así como el resonado «Caso Aduanas» que data de 1994, e involucra a una ex directora de esa institución y 26 personas más.

Los casos de menor tiempo en esta instancia datan del año 2001, es decir que tienen por lo menos tres años sin ningún movimiento.

En la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue ubicado un solo caso, el cual data de 1989. Con la agravante de que la documentación correspondiente al mismo no apareció en los archivos de esa Cámara.

Dijo que un caso similar de desaparición de documentación es el de la querella del año 1996, contra el presidente Joaquín Balaguer y varios funcionarios de su gobierno, referente al contrato entre el Estado y el consorcio Hydro Quebec Sofati para la rehabilitación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).

Manifestó que los documentos de este proceso no fueron localizados ni en la Procuraduría General de la República donde fue interpuesta la querella, ni en la Suprema Corte de Justicia, institución a la que le correspondía juzgar a los acusados dada la investidura de los implicados.

Abreu Collado subrayó que la asignación de obras públicas grado a grado es una de las principales vías para el desvío de fondos públicos, a través de cubicaciones y facturaciones sobrevaluadas.