Muchas veces he escuchado decir que el pueblo dominicano es autoritario, que sufre del síndrome trujillista, y que a pesar de las formas democráticas que ha tomado la política en las últimas décadas, la cultura autoritaria prevalece en la sociedad dominicana.

Hay algo de cierto en este planteamiento. A fin de cuentas, 31 años de dictadura trujillista y 22 años de balaguerismo autocrático constituyen más de medio siglo en el que gobernaron dos personajes que no escondían sus intenciones ni dotes autoritarias, cada cual a su manera y en distintas dimensiones. En ambos regímenes las elecciones y reelecciones fueron casi siempre fraudulentas, la competitividad partidaria prácticamente inexistente, y el temor y la incertidumbre obligaban al autocontrol ciudadano.

A pesar de esta larga trayectoria autoritaria, el pueblo dominicano ha demostrado tener una cierta vocación democrática. Asiste masivamente a las urnas para escoger sus gobernantes, confía en que algunas de las muchas promesas que hacen los candidatos se cumplirán, y cuando los gobiernos fracasan esperan pacíficamente un nuevo 16 de mayo para votar.

Esto a pesar de que si miramos algunos indicadores socioeconómicos de la República Dominicana, nada impediría pensar que en medio de la pobreza existente corriera la sangre con mayor frecuencia. Para ilustrar, se estima que cerca de la cuarta parte de la población dominicana vive bajo la línea nacional de pobreza; el nivel de desnutrición es de los más altos de América Latina; y el gasto social anual promedio por habitante se estima en sólo 170 dólares, cuando el promedio para Latinoamérica es de 540.

Por esta razón planteo que la vocación pacífica y democrática del pueblo dominicano es incuestionable. Su civismo es admirable, y dirían algunos que hasta lamentable, porque los dominicanos han soportado abusos políticos y económicos por largos años sin rebelarse masivamente ante las autoridades, a la espera de que algún día, a través de algún gobierno, se pueda lograr mayor igualdad y desarrollo.

Si evaluamos los gobiernos electos a partir de 1978, encontramos que ninguno ha tenido como prioridad el desarrollo de una sociedad más igualitaria, con políticas sociales redistributivas y claramente definidas. Tampoco han tenido mucho respeto por la institucionalidad democrática más allá de las manipulaciones y maquinaciones políticas para beneficios partidarios o personales.

El PRD en sus tres gobiernos lo ha hecho de mal en peor. Antes de cumplir cuatro años en el poder cada uno de sus gobiernos ya había sobre-endeudado y devaluado el país, ahogando así la esperanza nacional depositada históricamente en ese partido de alcanzar una sociedad más justa y democrática. La fórmula del autoritarismo, clientelismo y veneración al líder benefactor se la llevó Balaguer a la tumba, y su partido no levanta cabeza después de su desaparición. Y en el PLD, con un gobierno de cuatro años de resultados mixtos y en alianza con el balaguerismo, queda por verse si un gobierno genuinamente peledeísta promoverá la liberación nacional que se lee en su emblema desde el año 1973.

Al margen de estas experiencias muchas veces frustratorias con el funcionamiento de los gobiernos, los dominicanos han expresado a través de encuestas (DEMOS 1997 y 2001) un alto nivel de apoyo a la idea de que prefieren la democracia como sistema político. En esta preferencia, la República Dominicana está en las grandes ligas Latinoamericana, junto a países como Uruguay y Costa Rica, que han registrado alrededor de dos tercios de su población encuestada indicando que prefieren un sistema democrático. Sirva este dato de muestra de que el pueblo dominicano no es tan autoritario como a veces se propaga.

Pero a pesar de esta preferencia por la democracia, muchos dominicanos, al igual que la mayoría de los latinoamericanos, se sienten cada vez más insatisfechos con el funcionamiento del sistema democrático. Grandes males como la inflación, servicios públicos inadecuados, y la corrupción pública y privada aceleran y agudizan el descontento político en toda la región.

Con la promesa de curar el problema, aunque terminen empeorándolo, han surgido en América Latina los autócratas electos. Fujimori y Chávez son los casos paradigmáticos de este nuevo tipo de personaje político que se entronca en las precarias democracias latinoamericanas.

Son presidentes que llegan al poder por medio de elecciones democráticas para después cambiar constituciones, adaptándolas a sus conveniencias casi siempre reeleccionistas; utilizan el clientelismo para asegurar apoyo político; recurren a la corrupción para conquistar amigos y enemigos; se auto-proclaman defensores de los pobres para lograr el apoyo de los desposeídos; y recurren a convocatorias plebiscitarias para mantener su popularidad a través de la agitación social y política.

En la República Dominicana, por octava vez desde 1978, el pueblo espera ansiosa y pacíficamente la celebración de las elecciones presidenciales el 16 de mayo. Esta vez en medio de grandes adversidades económicas y políticas: inflación, fuerte devaluación de la moneda y largos apagones; además de temores y rumores de que habrá trampa electoral porque un autócrata electo se postula a la reelección con el apoyo de su maquinaria –la estatal y la partidaria-.