Plurianual revela agotamiento régimen tributario

Plurianual revela agotamiento régimen tributario

Dentro del Proyecto de Presupuesto General del Estado correspondiente a 2016 las autoridades del área fiscal, cumpliendo con la Ley de Presupuesto (423-06), sometieron el estimado de presupuesto plurianual correspondiente a 2017 y 2018 y esas estimaciones revelan una caída en las recaudaciones en relación al PIB y por supuesto mayores constreñimientos al Gobierno para responder a las demandas legítimas de diferentes sectores.

Para el próximo año se estiman ingresos totales equivalentes al 15.09% del PIB, para 2017 se reduce a 14.87% y en 2018 el 14.77% del PIB. La presión tributaria, es decir los ingresos tributarios entre el PIB, se estima ascenderán al 14.12% del PIB el próximo año y caerán al 13.92% del PIB para 2018. Como vemos nuestro esquema impositivo no solo es incapaz de generar algo mayor al 14% del PIB, sino que su capacidad recaudadora en término del PIB sigue en picada.

Del lado del gasto para el próximo año se contempla un monto equivalente al 17.4% del PIB y se llega a ese monto gracias a un déficit del 2.3% del PIB. Para 2017 el gasto en proporción al PIB se reduce a 17.0% con un déficit de 2.1% y para 2018, justo al concluir la segunda mitad del segundo periodo del Presidente Danilo Medina, solo contará con un gasto total equivalente al 16.5% del PIB, uno de los más bajos en los últimos años, con un déficit de 1.7% del PIB, que si bien es relativamente bajo dista mucho del anhelado equilibrio presupuestario y mucho menos de un superávit primario que permita cubrir los intereses de la deuda.

Por cierto, hablando de los intereses de la deuda pública, para 2016 se contempla pago de intereses por un monto de RD$97,767 millones, equivalentes al 3.0% del PIB, para 2017 aumentará a RD$121,213 millones, equivalente al 3.4% del PIB y en 2018 se reduce ligeramente a RD$118,100 millones para 3.0% del PIB. En 2017 el pago de los intereses equivale al 17.2% del gasto total, en 2017 el 20% y en 2018 el 18%.

Ese conjunto de cifras revela la realidad de un sistema tributario que está agotado en término de incrementar las recaudaciones, que nos está cada vez más alejando del promedio de presión tributaria de la región, que en la actualidad está rondando el 21% del PIB, con países como Brasil con una presión tributaria de 37% o Argentina de 35%, mientras República Dominicana y Guatemala están en el extremo opuesto.

Ese constreñimiento presupuestario limita de forma importante al Gobierno a emprender una batalla definitiva a favor de la seguridad pública, para solo citar un ejemplo, pues el presupuesto de Interior y Policía del 2016 al 2018 apenas se incrementa $3,196 millones (9.2%), la Justicia en $795 millones(13.2%) y la Procuraduría en $571 millones(12.9%). ¿Cómo pretender mejorar la seguridad ciudadana con esos presupuestos limitados a pagar mejores salarios a los policías, jueces y fiscales?

En el caso de la inversión en construcción de 2016 al 2018 se aumenta en $6, 653 millones, sin embargo este gasto tan importante para el desarrollo se mantiene igual en 0.7% del PIB, mientras el gasto de capital apenas aumenta del 2.4% al 2.8% del PIB. Este gobierno ha dado señales muy claras en la dirección de administrar los recursos públicos con estricto apego a lograr la consolidación fiscal, reduciendo de forma gradual el déficit incluso en pleno periodo electoral, pero no ha sido suficiente para reducir los niveles de deuda/PIB.

Al presentar las autoridades del área fiscal el estimado del presupuesto plurianual para 2017 y 2018, nos permite concluir que el actual sistema impositivo está agotado y por otro lado, de este mantenerse, sería imposible aumentar el gasto en sectores claves como la salud, la seguridad ciudadana e infraestructuras, pero además se corre el riesgo que los déficits fiscales inevitables conduzcan al país a una crisis de deuda a mediano plazo.

Si aspiramos a una sociedad prospera en los próximos años debemos crear conciencia, especialmente el sector empresarial, de la importancia de una reforma fiscal integral que garantice las metas recaudatorias contempladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

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