Aun cuando en la encuesta PENN, los candidatos presidenciales “no son todos los que están ni están todos lo que son”, sus resultados conducen a una de Torre de Babel similar al relato bíblico consignado en Génesis 11.7 causantes de confusiones dificultador del entendimiento.

En ella, el 15% consideró Hipólito Mejía y Luis Abinader líderes del PRD a pesar de abandonarlo desde hace tiempo. En PRSC, la mayoría no sabe quién es el líder: 23% considera a Amable Aristy y Eduardo Estrella, que formaron tienda aparte, este último hace 8 años. Mencionan a Miguel Vargas como líder del PRM y Luis Abinader del PLD.

Este pandemónium ha estado alimentado por acuerdos internos del PLD, pactos de este con el PRD, división del PRSC, captación por el PRM de víctima de taponamientos originados en acuerdos y pactos frustratorios de aspiraciones; todo ello abonando transfuguismo propio de nuestra endemia política.

Abona el pandemónium que mas de 100000 aspirantes correrán por unos 4300 cargos el mismo día, desde Presidente de la República hasta edil del distrito municipal mas recóndito; luego de la eliminación de las elecciones de medio término que formara parte de las “grandes transformaciones” enarboladas en la reforma constitucional de 1994.

Todo ello inductores de complejidades conducentes a confusiones en electores que debe llevar a instancias responsables de nuestra nación a una cuidadosa ponderación de sus posibles consecuencias; agravadas por las circunstancias que 75% votará presidencialmente influenciado por candidaturas locales, siguiendo la citada encuesta.

Agréguense los temores concitados por señales de conflictos y debilidades a normativas constitucionales. Mientras estas ordenan que el Estado debe promover “condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva” (Art.39.3), “asignación equitativa” del gasto público (238), prohibición de manejar “fondos públicos…tendentes a incrementar…beneficios…a…incumbentes” (140) obligación presidencial de “velar por la…fiel inversión de las rentas…”(128.2.e); la distribución de recursos del Estado a partidos constituyen negaciones a estas disposiciones.

Mientras la JCE exige a los partidos la celebración de asambleas para nominar candidatos, el TSE falla por Fello sin asambleas. Y el TSA anula resolución constitucional de JCE sobre la elección de diputados.

El mandato art. 212.IV para que la JCE vele porque “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento” estando facultada “para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación” luce de lejano cumplimiento.

La Torre de Babel derivada de PENN puede encontrar un peligroso asidero en nuestras debilidades institucionales.