JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Puede que sean simples coincidencias, pero hay múltiples vasos comunicantes entre los procesos judiciales abiertos por el Plan de Renovación del Transporte (Renove) y el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (Peme), y eso de entrada tiene mal augurio, pues presagia otra burla al sentimiento nacional que reclama sanción a la corrupción.

Lo primero es que los sometimientos del Renove se producen como para conmemorar el cuarto aniversario de los del Peme, abiertos al comienzo del gobierno de Hipólito Mejía el 23 de noviembre del 2000, pese a lo cual y aunque aquel fue un expediente bastante bien fundamentado, todavía no ha pasado de instrucción y los acusados están todos libres, algunos de ellos ocupando cargos públicos nuevamente.

Del nuevo expediente todavía no podemos entrar en profundidades, ya que no lo conocemos. Pero el Renove, al igual que el Peme, ha tenido desde su inicio un tufo de desorden, tráfico de influencia y comisiones que ha provocado indignación, reclamos de transparencia y sanciones.

Cuando se conozca el expediente podremos hacernos una idea clara de las responsabilidades involucradas en la administración de este discutido programa que ha supuesto un endeudamiento nacional de por lo menos 158 millones de dólares.

Del Peme lo conocimos todo, primero porque se entregó completo al día siguiente de los sometimientos. Después HOY publicó los interrogatorios a los implicados, y luego hasta un libro circuló con la documentación.

Hace 4 años fueron 13 los sometidos originalmente, entre exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. Varios de ellos luego quedaron liberados de responsabilidad. Ahora son 10, también exfuncionarios, políticos y empresarios. En cada caso se involucra a  dos exsecretarios administrativos de la presidencia.  El escándalo del Peme involucró 1,458 millones de pesos. El del Renove todavía no se sabe con certeza, pero se habla de más de mil millones de pesos.

Tan pronto se iniciaron los sometimientos hace cuatro años, tanto el entonces expresidente Leonel Fernández, como los dirigentes del PLD y los acusados, alegaron que se trataba de persecución política, lo que han sostenido hasta la fecha. No esperaron a conocer los detalles del expediente y justo cuando éste se presentaba públicamente el 24 de noviembre del 2004, se presentaron ante la Procuraduría General en una airada manifestación que culminó en mayúsculo desorden, excesos policiales incluidos.

Ya lo vimos el jueves que por igual el expresidente Hipólito Mejía, dirigentes del PRD y los acusados aducen también que están bajo revancha política, que se trata de un show  y amenazan con responder proporcionalmente.

Ahora, al igual que hace 4 años, buena parte de la opinión pública recibe los sometimientos con satisfacción y alienta esperanza de sanciones, de justicia. También, como en el caso del Peme, los más responsables reclaman transparencia, toda la información, absoluto apego a las normas jurídicas, no utilización política del caso.

Alienta el que al frente de la Procuraduría General se encuentre ahora un abogado y político de las prendas morales del licenciado Francisco Domínguez Brito. Hace 4 años ocupaba el mismo cargo otro abogado y político impoluto y con el mérito de haber pasado muchos años en la vida pública, el doctor Virgilio Bello Rosa, quien hizo esfuerzos porque no se politizara el proceso, algo siempre difícil de lograr.

Ahora hay una razón adicional para alentar esperanza de justicia, y es que se supone que con el nuevo Código Procesal Penal los procesos judiciales serán más ágiles. Tal vez no lleguemos a cuatro años en instrucción ni se repita el hecho de que los acusados vuelvan al poder sin que siquiera se iniciara el juicio.

También sería de desear que el procesamiento del Renove arrastre al del Peme. Por elemental sentido de equidad y justicia. Aunque debe reconocerse que mientras el último tiene quien lo empuje, el primero parece huérfano. No lo recuerdan ni las entidades más preocupadas por la corrupción.

Y vale recordar que allí se documentó de todo, que a uno de los acusados le documentaron casas, apartamentos y vehículos y dinero efectivo por unos 20 millones de pesos provenientes del Peme, que los implicados confesaron en los interrogatorios que gran parte de los mil 458 millones de pesos se destinó a pagar dirigentes y activistas políticos, transporte para manifestaciones y otras «necesidades partidarias».

Aquello se manejó como un programa clandestino, en locales ocultos, con cuentas bancarias irregulares. Se registraron 991 mil 439 cheques depositados en una misma cuenta secreta, y hasta préstamos a empresarios para adquirir un canal de televisión.      Definitivamente, mientras esperamos los detalles del Renove, algunos de los cuales ya han sido denunciados en una auditoría del pasado gobierno, hay que mantener la esperanza de que esta vez no nos tomen el pelo ni se burlen de nuevo de los anhelos de justicia de este pueblo.