En sus pronunciamientos públicos diversos sectores de la sociedad, incluidos políticos, funcionarios y empresarios, ponen casi siempre como estandarte el interés general, pero en realidad, ¿quién vela para que ese vital elemento sea defendido y preservado en favor del orden y la institucionalidad nacional?
Si además de declaraciones en intenciones, muchas de las iniciativas públicas y privadas estuvieran de verdad inspiradas en ese vital principio, tendríamos un país mejor organizado, más justo y con políticas transparentes.
Además, de esta forma la lucha en contra de la inequidad social y el combate a la pobreza podrían tener mejores resultados y los ciudadanos en general contarían con más oportunidades y en general sus derechos podrían contar con un nivel de protección garantizado.
Leyendo los artículos que en el 1926 publicó el académico e intelectual Américo Lugo en el periódico Patria con consideraciones críticas, sobre la sociedad dominicana de entonces, nos damos cuenta que esta fementida defensa actual del interés general, con algunas honrosas excepciones y matices diferenciados, es un rasgo atávico que no hemos podido o querido superar y que, por tanto, aún apenas alcanza la categoría de un drama de teatralidad con pésima representación.
En consecuencia, a pocos logran confundir, a menos que sean aquellos que actúan exclusivamente por beneficio propio porque son parte de la política clientelista y vacía de contenido, objeto de tantas críticas pero ante la cual no se hace nada para producir un cambio tendente a fortalecer la conciencia cívica a favor de la institucionalidad democrática y de los principios que deben normar la vida en sociedad.
Si otro fuera el panorama, no estaríamos contemplando cómo la clase trabajadora cotizante, o sea, la que aporta parte de sus ingresos a un fondo de pensiones para tener derecho a un retiro digno, está amenazada en estos momentos por una práctica fraudulenta que afecta la sostenibilidad del régimen de pensiones.
A pesar de que se ha denunciado la existencia de una operación dolosa operada por una red que se dedica a reclutar a miles de trabajadores para ser contratados por empresas virtuales con salarios inferiores al mismo, como forma de evadir el pago del monto correspondientes a ese fondo, hasta el momento las autoridades competentes no han tomado los correctivos de lugar.
¿A qué se debe esta inacción; es acaso que no estamos frente a una grave práctica delictiva que pone en peligro un sistema en que está en juego el interés general de muchos ciudadanos? ¿Tendremos que sentarnos a ver un colapso en un asunto tan vital para la suerte de los trabajadores cotizantes?
Es obvio que estamos ante un mecanismo a todas luces irregular y delictivo que afecta a las AFP establecidas en el marco de la Ley 84-01 y que de no ser enfrentado en el corto plazo con la drasticidad que amerita, podría tener consecuencias muy contraproducentes.
¿Cómo es posible que en el país puedan operar con conocimiento y dejadez de las autoridades, empresas virtuales establecidas para evadir obligaciones fiscales y poner en riesgo sistemas donde está o debería estar representado y defendido el interés común o general de los ciudadanos?
Este interrogante está planteado y las autoridades tienen la obligación de responder, pero no sólo de palabras como se limitan casi siempre, sino con acciones donde la ley deje de ser letra muerta y la persecución a los delincuentes una cuestión casual o selectiva. De lo contrario en los ciudadanos aumentará la percepción, y también la frustración, de que vivimos en un país donde sólo nos quedaría remitirnos a aquella fatídica e irresponsable frase de “sálvese quien pueda”, que se atribuye al capitán del Titanic durante el hundimiento de ese lujoso y emblemático trasatlántico.