El anuncio hecho por el Gobierno Dominicano de que enviaría durante este mes de noviembre al Congreso de la República un proyecto de Ley para modificar la Seguridad Social, motiva nuestras reflexiones y propuestas al respecto y expone ciertos criterios novedosos sobre el tema algunos de los cuales indicáramos en las sesiones que en el año 2014 fueran realizadas por la Cámara de Diputados y durante los eventos y declaraciones públicas del periodo subsiguiente.
La revisión del modelo dominicano de salud que precedió la promulgación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, es decir los años comprendidos entre la aparición de la primera empresa de Igualas Médicas en diciembre del 1966 y el día 9 de mayo del 2001 que marcó otro rumbo para la Medicina Dominicana, se caracterizó por la operación de empresas dedicadas a la venta prepagada de servicios de salud, al predominio de la oferta sobre sus demandas, y a la búsqueda de metas económicas y de lucro comercial.
La existencia inicial de aproximadamente 82 de estas Igualas Médicas, afiliadas la mayoría a empresas internacionales de aseguramiento y desarrolladas al amparo de leyes comerciales de oferta y demanda, fueron insertadas en el nuevo modelo asistencial bajo la denominación de Administradoras de Riesgos de Salud – ARS, las cuales debieron ser registradas, certificadas y habilitadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales – SISALRIL, entonces bajo nuestra dirección ejecutiva.
Del total de estas nuevas empresas igualadas y originalmente registradas, sólo se reconocieron 46 de ellas con una población de afiliados que al 30 de noviembre del 2006 incluía a 2,941,528 personas, es decir, al 31.9% de la población dominicana Sobre la base legal de la Constitución de la República, las Leyes 87-01 y la 42-01 que crearon el Sistema de la Seguridad Social y el Nuevo Modelo Sanitario, otras Leyes y diversos Decretos, Reglamentos y Resoluciones se integraron el Sistema Dominicano de Salud y de la Seguridad Social con sus diferentes componentes.
No obstante tales creaciones y estatutos legales, a la fecha de este año 2016 el propio Sistema de la Seguridad Social no ha sido instalado ni funciona en su totalidad, muchos de sus componentes y regímenes continúan sin operar como el denominado Contributivo Subsidiado, parte de la población dominicana tampoco ha sido afiliada, y los servicios del Seguro Familiar de Salud (SFS) fueron sustituidos por un llamado Plan de Servicios de Salud (PDSS).
De la misma manera, la Rectoría del sistema ha permanecido en muchos aspectos desorganizada, persiste el uso y abuso del derecho al veto, se han creado más de 292 planes complementarios, existen nuevos catálogos y costos de servicios distorsionantes de la equidad del SDSS, persisten desigualdades y grandes diferencias entre sus componentes y, por otras razones valederas que señalaremos, antes de modificar con sentido y metas predominantes políticas la Ley de Seguridad Social, tendrían que producirse ajustes reales de sus estructuras y mecanismos operativos.