Los paros de docencia protagonizados por una facción de la ADP en escuelas de algunas comunidades amenazan con echar por la borda el presente año escolar. Este tipo de conducta viola la Ley General de Educación, que ordena impartir docencia cinco días a la semana. Un sector del gremio magisterial ya aceptó la proporción de aumento salarial que le ofreció el Ministerio de Educación, pero hay una facción inconforme que se niega a acatar el acuerdo y está causando trastornos.
Ningún servidor público puede llevar sus demandas salariales hasta extremos que perjudiquen a los ciudadanos, y resulta que una facción de los maestros le está causando daño a los estudiantes al privarlos de la enseñanza. El obispo de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella, se queja porque los paros magisteriales amenazan la continuidad del año escolar en esa ciudad, Azua y Elías Piña.
El Ministerio de Educación debería tomar medidas drásticas para enfrentar este problema. No está obligado a pagar las horas de vagancia de los maestros que violan la Ley General de Educación al irse a la huelga, a pesar del acuerdo entre el Ministerio y la dirigencia de la ADP. Un grupo de maestros está atentando contra el derecho de los estudiantes. Las asociaciones de padres deberían demandar el cese de esta actitud abusiva y sin justificación.

Vacilación inexcusable

Ahora la salud de por lo menos tres millones de habitantes de la provincia Santo Domingo está en riesgo, primero por la voluntad de la empresa que maneja el vertedero de Duquesa y bloquea el vertido de basura, y luego porque las autoridades vacilan en tomar medidas drásticas que se correspondan con la gravedad de la amenaza sanitaria que se está incubando.
Ni siquiera la intervención del Ministerio de Medio Ambiente ha logrado que la recepción de desperdicios se mantenga abierta mientras las partes negocian por otro lado el precio de cada tonelada de basura vertida. Al caso Duquesa hay que darle el carácter de un asunto de seguridad, toda vez que la no disposición oportuna de la basura tiene consecuencias sanitarias previsibles, y lo saben muy bien quienes mantienen “trancado” el vertedero.