POR TANIA HIDALGO
El juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez, explicó ayer que el «papelito» que le pasó el senador Hernani Salazar durante el conocimiento de las medidas de coerción en contra de los ex funcionarios del Plan Renove contenía los nombres de 20 dirigentes del PRD que querían presenciar la vista, autorizando la entrada de seis «para evitar un baño de sangre y garantizar la seguridad física de cientos de personas que en ese momento, enardecidos, vociferaban dentro y fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva».

«Antes de iniciarse la audiencia un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) (Hernani Salazar) se nos acercó, inmediatamente solicité la presencia del procurador fiscal a fin de que sus oídos oyeran lo mismo que los míos.

Ese dirigente nos pidió permitir la presencia de una delegación de esa organización política, a lo cual el fiscal se opuso», manifestó.

Añadió que le comunicó al fiscal que dada la naturaleza del caso, era conveniente rodearlo de la mayor transparencia y diafanidad posibles y que a cada imputado, además del derecho a contar con un máximo de tres abogados para su defensa, el Código Procesal Penal le reconoce el derecho a asistirse de los asesores que considere pertinentes en virtud de lo cual autorizó al senador confeccionar un listado con los nombres de los dirigentes presentes «y así lo hizo».

«A los pocos minutos nos suministró una nota con los nombres de aproximadamente 20 dirigentes y nosotros autorizamos que en calidad de asesores penetraran a la sala de audiencia los seis dirigentes más reconocidos que contenía el papelito», aseguró.

Refirió que si bien es cierto que existía una razón legal, habían otras más poderosas, pues «era necesario evitar un baño de sangre y garantizar la seguridad física de los cientos de personas que en ese momento, enardecidos, vociferaban dentro y fuera del Palacio de Justicia, el que estaba militarizado por contingentes entrenados para no hacer preguntas».

En una comunicación remitida a los periodistas que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado agregó que en ese momento allí se vivía un estado de tensión proclive a convertirse en desorden de incalculables consecuencias, y que tenía que desestimar cualquier medida que fuera percibida, aún levemente, como una arbitrariedad o un acto de persecución política, poniendo con ello en juego la credibilidad judicial y de todo el sistema.

«Ejercimos la policía de la audiencia y evitamos lo peor», puntualizó.

Señaló que como juez de garantías le corresponde velar para que a cada imputado le sean respetados su derechos fundamentales.

«Después de las casi ocho horas de audiencia para conocer la solicitud de medida, las personas sensatas descartan que se tratara de una persecución política, y  el sistema está en mejores condiciones para hacer creíble la ardua, necesaria e impostergable lucha contra la corrupción administrativa», indicó.

Refirió que siempre estuvo consciente de la trascendencia del momento y que actuó pensando en los mejores intereses de la dominicanidad.

El pasado martes el fiscal dijo en un programa de televisión que el senador Hernani Salazar le había entregado un «papelito» al juez, cuyo contenido desconocía.