El 6 de julio el equipo económico envió una carta de intención al Fondo Monetario Internacional, obviamente con la anuencia del Presidente Fernández, en la que, con relación a la electricidad, se comprometió a establecer un “ancla” y una “flexibilidad”. El “ancla” consistía en la aprobación, a través del Congreso, a más tardar en septiembre, de una tarifa técnica que, según algunos portavoces del gobierno, la subiría en un 18%.

La “flexibilidad” consistía en enviar al Congreso un proyecto de ley que introduciría un mecanismo de ajuste automático a la tarifa, vinculado a variaciones en los precios de los insumos utilizados para generar electricidad. El compromiso era que los congresistas también lo aprobarían a finales de septiembre.

Estamos a  noviembre y el “ancla” no ha sido enviada al Congreso y el ministro Montás ha dicho que “es imposible” aumentar la tarifa en un 18%. La “flexibilidad” apenas fue enviada al Congreso la semana pasada. ¿Qué pasó entre julio y septiembre que provocó que el gobierno echara para atrás en esos dos compromisos? Especulamos que existieron dos razones:

1. La campaña electoral no estaba tan “caliente” en julio como a partir de septiembre (y sobre todo ahora), y el costo político de aumentar la tarifa ha devenido alto.

2. En julio no existió ninguna intención de aplicar el “ancla” en septiembre y sólo se puso en la carta de intención para poder girar en julio contra los US$348 millones que se recibieron del FMI y otros recursos de organismos internacionales.

Nos luce que nuestro gobierno ya no cuenta con voluntad política para seguir con el acuerdo por las siguientes cinco razones:

1. El acuerdo expira en febrero, por lo que se le puede dar “largas” al asunto, sin una ruptura formal.

2. En las elecciones hay que gastar mucho dinero, “desguañangar” la economía y eso no puede hacerse bajo ese acuerdo.

3. El Presidente Fernández ha dicho en privado que quiere terminar, antes de entregar el poder, todas las obras que ha inaugurado. Más gastos.

4. El gobierno pudo emitir bonos soberanos hace pocos días aprovechándose del hecho de que era el día más crítico de la crisis europea y los inversionistas están comprando bonos de los países emergentes, en vez de devaluados bonos europeos y norteamericanos. El hecho de que existiese un “impasse” con el FMI no afectó la emisión.

5. Los dos principales candidatos han dicho que continuarán con el FMI, por lo que  le conviene al gobierno dejarle ese asunto a ellos y no mantenerlo durante la  campaña electoral.

Los efectos negativos de no continuar con el FMI serían su impacto sobre el factor confianza y la dificultad de acceder a préstamos. No tener un acuerdo implicaría fuga de capitales o diferir inversiones, o no comprar los próximos bonos soberanos. Por lo menos una empresa internacional de corretaje anunció la semana pasada que había vendido todos sus bonos dominicanos.

En cuanto a recursos, no sólo no se recibirían los del FMI sino los ligados a ese acuerdo, como el caso del préstamo del BID para el sector energético recién enviado al Congreso.

Consecuentemente, el gobierno emitiría más bonos soberanos y apelaría más aún al Banco de Reservas.  Esa institución se jacta públicamente de que su cartera privada ha aumentado más que la del sector público, pero posiblemente muchos de esos préstamos “privados” son a contratistas con atrasos de pagos por parte del gobierno.

Por otro lado, el “apetito” para comprar bonos de Hacienda entre los bancos dominicanos y el público en general se mantiene alto.

En el 2009, cuando se firmó el acuerdo con el FMI, el plan era dar mucho dinero inicialmente para luego establecer austeridad en el 2010 y el 2011 llegándose hasta a un superávit presupuestal. La realidad luce ser que no habrá austeridad y sí mucho endeudamiento comercial privado.