Los organismos estatales competentes están en el deber de establecer cuál es el destino que se está dando a una proporción importante del gas licuado que despacha a precio subsidiado la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y que tiene como destinatarios los hogares y el transporte de pasajeros.

El presidente de esa empresa, Arístides Fernández Zucco, ha expresado que a pesar de que el consumo nacional de gas es de aproximadamente 24 millones de galones mensuales, se están importando 30 millones de galones, es decir, un exceso de 6 millones de galones sobre el consumo.

En términos relativos, un 65% del consumo nacional de gas corresponde a los hogares y el transporte y el 35% restante al sector industrial. Sin embargo, Refidomsa tiene motivos para creer que una parte del gas subsidiado destinado a hogares y transporte está siendo desviado hacia el sector industrial, que lo adquiriría a precio no subsidiado. Tampoco se sabe, aunque se cree que una parte podría estar siendo trasegada hacia Haití, el destino de los 6 millones de galones que importa la refinería por encima del consumo general.

Hay que recordar que el subsidio de gas para las industrias fue desmontado, en razón de que no tenía justificación que el Estado hiciera semejante aporte a sectores que utilizan este combustible con propósitos lucrativos. Si como sospecha Refidomsa, el gas subsidiado está yendo a parar a industrias, hoteles y restaurantes, que lo adquirirían a precio no subsidiado, estaríamos frente a una acción especulativa y fraudulenta susceptible de castigo penal, pues supone que quienes trasiegan el fluido en ese sentido estarían obteniendo enormes beneficios económicos en perjuicio del Estado. Con todo y que se importan 6 millones de galones en exceso, se produce frecuentemente desabastecimiento para hogares y transporte. No se tiene noticia de que la misma situación se presente con los sectores industrial y comercial que adquieren gas no subsidiado, y que eventualmente reciben una parte del que está destinado a hogares y transporte. Hay que investigar esa distorsión.

Deroguemos ese adefesio

El domingo 15 de agosto, último día de ejercicio del ex presidente Hipólito Mejía, éste promulgó una ley aprobada el mismo día de urgencia y en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados, mediante la cual se establece el sistema de elecciones primarias en los partidos políticos, para los fines de selección de candidaturas a posiciones públicas electivas, y dispone que la Junta Central Electoral (JCE) se encargue de organizar y financiar las primarias de los partidos.

Los principales partidos se están preparando para renovar sus estructuras de dirección mediante convenciones. El año próximo podría ser decisivo para la selección de candidatos a cargos congresionales y municipales, por medio de primarias, según establece el adefesio que motiva nuestro comentario.

No hay duda de que la legislación de marras fue diseñada para beneficiar a la facción partidaria que se aventuró al proyecto reeleccionista felizmente derrotado. Por eso, cuando el proyecto fue diseñado por legisladores del Partido Revolucionario Dominicano alineados en el PPH, en marzo de este mismo año, sus autores no se dignaron en consultar a los legisladores de los demás partidos políticos ni a la JCE.

Nos estamos ocupando ahora, muy a tiempo, de advertir que esta legislación podría significar una atadura financiera y técnica verdaderamente insoportable para una JCE. Consideramos que los sectores sensatos de los partidos políticos, el Congreso y el Poder Ejecutivo deben trabajar unidos para derogar ese adefesio.