La Fundación Prensa y Derecho sometió ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que criminaliza con penas de 3 a 10 años de prisión los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos.
Namphi Rodríguez, presidente de la entidad, indicó que esas penas alcanzan no solo a quienes profieran los delitos contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino a quienes “elaboren, financien o compartan campañas denigrantes” con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas contra el honor o la intimidad de los candidatos o partidos.
Entiende que se trata de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de los particulares.