El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Orlando Jorge Mera, reiteró que la única autoridad que puede autorizar la interceptación de teléfonos es un juez del Poder Judicial.

El funcionario hizo la afirmación al referirse a la información publicada recientemente por «Diario Libre» en la que se dice que la empresa Orange y el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) se preparan para intervenir teléfonos.

Jorge Mera recalcó que ni los organismos de seguridad del Estado, ni las empresas privadas pueden «pinchar» teléfonos sin la autorización de un juez competente.

«La resolución 36-00 es la que sanciona la interceptación ilegal de telecomunicaciones establece que sólo mediante la autorización de un juez del Poder Judicial se pueden hacer las interceptaciones de los servicios de telecomunicaciones», explicó el funcionario.

Sin embargo, el presidente del INDOTEL dijo que el acuerdo entre Orange y el DNI cumple con la resolución que establece el compromiso de luchar contra la delincuencia y los procedimientos a adoptar en relación con la interceptación legal de comunicaciones, suscrito por el Presidente, los representantes de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, los organismos de seguridad y el INDOTEL, en diciembre de 2002.

Explicó que el objetivo del acuerdo entre las autoridades y las empresas de telecomunicaciones es precisamente evitar las interceptaciones ilegales de teléfonos.

Según la información publicada por Diario Libre, Orange Dominicana y el DNI dan los toques finales a un contrato para intervenir llamadas telefónicas. El acuerdo implica una suma millonaria.

Según Jorge Mera, el compromiso establece que las «operadoras de servicios públicos finales de telecomunicaciones se obligan de inmediato a proveer las facilidades y conexiones necesarias para que pueda interceptarse la voz en los teléfonos fijos autorizados por el Juez, así como la voz y la ubicación geográfica, en el caso de los teléfonos móviles.

Precisa que la concesionaria mantendrá el necesario control para hacer la conexión selectiva a que se refiere la autorización judicial y en los términos que la misma determine.

Añade que el compromiso expresa la decisión inquebrantable de todas las partes firmantes de «no permitir la colocación, en las localidades de las concesionarias, de equipos habilitados para interceptar indiscriminadamente las telecomunicaciones de la ciudadanía».

Y señala que el caso de Orange sólo puede proceder a la interceptación de las telecomunicaciones cuando, en un caso específico y concreto, ha sido debidamente autorizada por un Juez del Poder Judicial.

Subrayó que el INDOTEL se mantendrá vigilante a fin de evitar que esta herramienta de investigación pueda ser utilizada con cualesquiera otros fines ajenos a la lucha contra la delincuencia, tales como el espionaje político, industrial u otro acto ilícito que viole el derecho a la privacidad garantizado por la Constitución de la República Dominicana.